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Secuestro fiscal

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@OtonielOchoa

La negociación del Presupuesto de Egresos de la Federación está suspendida desde hace dos semanas y el plazo constitucional para su aprobación (15 de noviembre) ya quedó atrás. Para simular que la norma no se violenta, se ha utilizado un artificio legal: detener el reloj legislativo.

En 2002 sucedió algo parecido. No se alcanzaron los consensos a tiempo y la aprobación se dio hasta la madrugada del primero de enero. Sin presupuesto, el país no tenía un mecanismo para garantizar la continuidad de las actividades de Gobierno más elementales. Si hoy no estamos en la misma circunstancia, es gracias a que el marco legal que regula el proceso presupuestal se reformó para adelantar los plazos de entrega, discusión y aprobación del paquete económico.

Pero más allá del riesgo de parálisis que se vivió en aquella ocasión, ese episodio marcó el inicio de la era del “secuestro fiscal”. Los gobernadores y presidentes municipales se plantaban ante gobiernos federales políticamente frágiles y en cada negociación arrebataban fondos -vía transferencias o participaciones- para financiar su operación, aumentar su dependencia del Gobierno federal y evitar asumir responsabilidades de tributación local.

En varias ocasiones, el Congreso de la Unión les otorgó potestades hacendarias que nunca utilizaron. La falta de madurez fiscal de estados y municipios se fue agravando y hoy, desesperados, lejos de pedir atribuciones para aumentar la recaudación y fortalecer su autonomía, alzan la mano y mediante presión callejera intentan reeditar prácticas clientelares. El Gobierno federal en las tres administraciones anteriores se dejó secuestrar para ocultar su debilidad política, atraer aliados o mantener el orden. Entregaron miles de millones de pesos sin un sistema robusto de rendición de cuentas. Si la corrupción se volvió rampante, mucho tuvo que ver la manera en la que esos presupuestos fueron repartidos.

Así, a pesar de que a muchos inquieta la conflictividad de grupos que quieren beneficiarse de la hacienda federal, nada hay en el proceso que deba impacientarnos. Esta vez, la Cámara de Diputados tiene tiempo suficiente para actuar con calma y alejar al presupuesto de sus posibles captores. Pero si no lo logra, al final del día lo único que importará es que ya están aprobados la Ley de Ingresos y el techo de endeudamiento y, por consiguiente, el criterio de austeridad se mantiene. En esta disputa por el gasto, ¡la disciplina fiscal no está en juego!

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