El presidente López Obrador había aceptado firmar un acuerdo nacional con los mandatarios estatales hace unos meses, según el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).
La intención no era, como ocurrió con el Pacto por México con Peña, firmar el acuerdo con los presidentes de los partidos sino con los gobernadores y, en todo caso, con las asociaciones de presidentes municipales.
Los temas del acuerdo –López Obrador insistió en que no se le llamara pacto-, eran sobre infraestructura, seguridad y educación; más otros que fueron surgiendo en las llamadas de acercamiento de Domínguez a otros gobernadores.
Todo caminaba sobre lo planteado –López Obrador les dijo a los gobernadores que le presentaran un proyecto de infraestructura, el que consideraran más importante para sus estados y él lo apoyaría-, hasta que en un evento masivo el propio presidente se lanzó contra los gobernadores.
El acuerdo fracasó; no hubo manera de restaurar la ruptura en la comunicación con la Conago, pues si bien el presidente se reúne en privado con cada gobernador de los estados que visita, ya no se han realizado esos encuentros plurales.
La masacre de la familia LeBarón, ocurrida la madrugada del lunes, hace necesario no solo el replanteamiento de la estrategia de seguridad nacional sino un nuevo acuerdo o pacto o lo que sea, en el que todos los niveles de gobierno se involucren.
Lo triste del asesinato a mansalva, es que ni las autoridades pueden ofrecer una explicación congruente.
Alfonso Durazo dijo en principio que se trató de una confusión y que la familia asesinada quedó en medio de un fuego cruzado.
La versión fue desmentida por los peritajes y por la propia familia sobreviviente; fueron sobre ellos y los asesinaron e incineraron a mansalva.
¿Quién tenía la responsabilidad de proteger a esa familia y a todas las que transitan en esa carretera? ¿O es que para recorrer el país necesitamos un salvoconducto de la delincuencia organizada para hacerlo con seguridad?
El reparto de culpas no sirve de nada; no repone la vida a esos niños ni de sus madres asesinadas.
Ni siquiera la promesa de que los asesinos serán castigados -¿acaso los asesinos de los civiles muertos en Culiacán están siendo perseguidos? De ellos el presidente ni se acuerda- sirve de consuelo o brinda alguna esperanza.
No vemos a las organizaciones que defienden Ayotzinapa ni otros movimientos salir a decir que “nos faltan nueve’’.
Nos falta estrategia y nos sobran justificaciones.
****
Dos del Senado: rechazó –como era la petición de los directivos del sector- el artículo transitorio de la Ley de Ingresos para el próximo año con el que se abría la puerta para la legalización de los autos chocolates.
Fin de esa historia…al menos en este periodo legislativo.
La otra es que la elección del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se pospuso para el jueves debido a que el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, no logró “amarrar’’ la mayoría calificada para ninguno de los contendientes.
Lo que si queda claro, es que al oaxaqueño Arturo Peimbert, le ven espolones porque ayer hubo una manifestación de esas “espontáneas’’ en el Senado en contra de su candidatura a la CNDH.
¿De parte de quién?