A más de un año de la campaña presidencial independiente de Jaime Rodríguez Calderón, han sido resueltos 165 casos relacionados con las llamadas “Broncofirmas”.
El titular del Despacho de la Contraloría, Gerardo Guajardo, afirmó en su comparecencia ante diputados locales, que de los 571 funcionarios implicados en el desvío de recursos para beneficio del gobernador, a 165 se les determinó libres de responsabilidad.
“Los casos de siete dependencias estatales fueron resueltos por las propias instituciones. Así se hizo de conocimiento a la Auditoría Superior del Estado en el mismo periodo, 13 dependencias enviaron a la Contraloría los 406 casos restantes dando inicio a la carpeta de investigación correspondiente en la Unidad Anticorrupción, estando en proceso de resolución”, señaló.
Por ello, Guajardo mencionó que solicitó a Rodríguez que asignara a un nuevo encargado de la Unidad para resolver las acusaciones pendientes, pues desde el 21 de junio del 2018 han ocupado el cargo tres personas.
“Ante los resultados mostrados, el pasado 31 de octubre le solicité al gobernador el proponer designar a un nuevo titular del área que atienda con prontitud y eficiencia los procedimientos de responsabilidad administrativa pendientes derivados de este tema y de otros”, apuntó durante la glosa del Cuarto Informe de Gobierno, además de considerar que se ha avanzado en el proceso.
Fue el 1 de agosto cuando la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial ordenó al Congreso de Nuevo León aplicar una sanción a Rodríguez Calderón, por utilizar a servidores públicos en la recolección de firmas para su campaña en horario laboral.
Aunque en un principio se le otorgó al Poder Legislativo un plazo para proceder de seis meses, hasta el 20 de diciembre, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Eduardo Medina Mora, dio una suspensión a la penalidad que el Congreso local intentara imponer al independiente.
CS