El fin de semana, diputados de Morena estuvieron cabildeando con senadores de su mismo partido para convencerlos de votar a favor del artículo transitorio de la Ley de Ingresos que facilitaría la legalización de los “autos chocolate”o ilegales.
A los diputados no les gustó que los senadores hayan bateado su propuesta con la que, dicen en San Lázaro, pretenden beneficiar a millones de mexicanos que no pueden comprar un auto nuevo.
Pero a los senadores no les gustó la forma en que fueron descalificados desde la Cámara de Diputados.
En el fondo, más allá del rollo sobre beneficiar a los pobres, subsiste un multimillonario negocio que líderes perfectamente bien identificados no quieren perder.
En los estados fronterizos, las calcomanías que permiten circular a los vehículos ilegales se venden en miles de pesos; el precio varía según el vehículo pero van de los mil o dos mil hasta los 40 mil.
El gobierno ha tolerado esas prácticas por años, porque los propietarios de esos vehículos se volvieron clientela electoral para el partido en el Gobierno.
Las organizaciones campesinas fueron las que más camionetas y vehículos introdujeron al país bajo el argumento de que los autos producidos en el país son muy caros, el mismo argumento que utilizan los diputados.
Esta actividad, tolerada y en casos auspiciada por los propios gobiernos estatales y en buena medida por el federal, pone en riesgo a una industria que aporta el 3.6% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, que da empleo a 1.9 millones de mexicanos, 530 mil de esos puestos son directos.
El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, anunció que volverían a votar en contra de ese artículo transitorio de la Ley de Ingresos.
Eso dijo el jueves, pero no sabemos qué tanto éxito tuvieron los cabilderos de los diputados –y dicen que alguno del Gobierno federal- para tratar de convencerlos de que aprobaran la decisión.
Si se rechaza nuevamente, el tema será enviado a la congeladora y habrá que esperar un año para que sea discutido otra vez.
Pero en el fondo, es un asunto de miles de millones de pesos.
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El Senado tendrá también hoy que elegir al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Será la tercera votación después de que ni José de Jesús Orozco, Arturo Peimbert y Rosario Piedra Ibarra lograron, en dos rondas de votación, alcanzar la mayoría calificada.
La disputa parece centrarse entre Peimbert y Piedra Ibarra.
Peimbert tiene a su favor ser reconocido como el ombudsman oaxaqueño que denunció ante la Corte Penal Internacional delitos de lesa humanidad en el estado durante el conflicto social de los años 2006-2007.
En su estado natal tiene reconocimiento social por haber acompañado a víctimas de diversos conflictos y desastres naturales, como los hechos violentos en Nochixtlán y las marchas de migrantes.
No la tiene fácil, pues Morena tiene una inclinación natural hacia Rosario Piedra Ibarra.
A ver.
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Al Gobierno de la 4T le urge, pero le urge, cerrar el capítulo del caso Culiacán, pero de una u otra manera es el propio Gobierno quien lo sigue manteniendo como tendencia en los medios y redes.
A ver si hoy el secretario de Seguridad Alfonso Durazo logra cerrar con tres candados el tema, en el que cada vez que se toca surgen contradicciones y más dudas que certezas.
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El presidente López Obrador desata la jauría en contra de la prensa y ayer sale a decir que los ataques en las redes, cuando menos el 25% de las decenas de miles de tuits, fueron obra de sus enemigos.
No pos, sí.