Profundamente dividido y bajo creciente tensión, Estados Unidos espera -en el curso de la semana-, el inicio del tercer impeachment presidencial de su historia, ahora contra Donald Trump.
Una de las reglas que el Congreso presidido por la demócrata Nancy Pelosi aprobó la semana pasada respecto al juicio incluye que las futuras comparecencias serán públicas, incluso televisadas, lo que antes no ocurría, al contrario, se realizaban a puerta cerrada.
Un giro que sin duda puede ser utilizado por demócratas y republicanos en la línea de que comiencen sus campañas rumbo al 2020.
“Todo el mundo sabe que no hice nada equivocado”, dijo el mandatario al diario Washington Examiner, “Bill Clinton cometió faltas, Richard Nixon también y no iré hasta Andrew Johnson, porque eso fue antes de mis tiempos; ellos cometieron faltas, yo no hice nada”.
Tras el testimonio de una docena de altos funcionarios de la Casa Blanca y diplomáticos del Departamento de Estado ante el Congreso (reforzando la teoría del abuso del poder presidencial), 49% de electores apoya el inicio formal del juicio, contra 47% que se opone.
En tanto, la tasa de aprobación de Trump registró una nueva baja, al 35%, en tanto la tasa de desaprobación del desempeño del mandatario se ubicó al 58%.
TRUMP, ¿EL PRIMER CASO?
Con el peso de las acusaciones que lo describen como una persona incapaz para el desempeño de las funciones de presidente de Estados Unidos, Donald Trump podría ser el primer mandatario removido del cargo por el Congreso en la historia de Estados Unidos.
Sobre todo, cuando un creciente número de senadores republicanos parece no tener otra opción que reconocer la violación del republicano ante evidencia convincente, aunque se resiste a reconocer que se trata de una ofensa que amerita el juicio político.
El mandatario -que antes logró conjurar el juicio político tras la investigación sobre la injerencia rusa que lo favoreció en 2016, gracias a la manipulación del procurador general William Barr, quien impidió que el Congreso obtuviera el Reporte Mueller completo-, enfrenta cargos de abuso de poder presidencial para beneficio personal.
Trump retuvo la asistencia militar para Ucrania, de 400 millones de dólares y autorizada por el Congreso hasta que Volodímir Zelenski, el presidente de ese país, se comprometiera, por escrito, a investigar al ex vicepresidente, Joe Biden, su potencial contendiente demócrata en la elección presidencial de 2020, tal y como lo denunció un informante confidencial ante Michael Atkinson, inspector general de la Dirección Nacional de Inteligencia.
Cuando Atkinson se disponía a reportarlo al Congreso, como establece la ley, el director de Inteligencia lo detuvo y, en su lugar, lo entregó a la Casa Blanca y Departamento de Justicia, donde decidieron mantenerlo secreto, hasta que una carta del whistleblower alertó al Comité de Inteligencia de la Cámara Baja.
“Las acciones de extorsión del presidente Trump a otro país, sin propósito legítimo de seguridad nacional, son simplemente acreedoras a impeachment”, consideró Frank Bowman III, autor del libro “Altos crímenes y faltas; una historia del impeachment en la era de Trump” y profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Misuri.
La acusación de abuso de poder -confirmada por Mick Mulvaney en conferencia de prensa de la Casa Blanca-, es el tema central del primer artículo de juicio político, mientras los demócratas analizan la posibilidad de presentar un segundo artículo, con base en la negativa de la Casa Blanca para cooperar, apoyado en 11 acciones de obstrucción de la justicia, tras la difusión de secciones de interrogatorios del FBI para el Gran Jurado, citadas por el fiscal especial Robert Mueller en su reporte.
En respuesta, el presidente Trump trata desesperadamente de descarrilar el histórico juicio, que califica de ilegal, prohibiendo que funcionarios de su administración obedezcan ordenes de presentación legislativas y entreguen documentos.
Furioso, Trump lanzó una campaña que intenta descalificar el devastador testimonio de una docena de altos funcionarios ante el Congreso, tras desafiar sus ordenes, pedir la intervención de cortes federales o renunciar a sus cargos.
Trump difundió una transcripción parcial de su conversación del 25 de julio con el presidente de Ucrania, que en lugar de ayudarlo, lo hundió mas, ya que claramente “pide el favor” de investigar a Hunter Biden y su padre Joe, por presunta corrupción y su supuesta participación para sabotear su elección.
De acuerdo con el teniente coronel Alexander Vindman, el más alto asesor de la Casa Blanca sobre Ucrania y testigo presencial de la conversación con el presidente Zelenski, se eliminaron menciones del presidente Trump sobre “grabaciones de Biden”, en la transcripción.
Tras la llamada, Vindman hizo ver a John Eisenberg, abogado de la Casa Blanca, que “lo que hizo el mandatario no era correcto”, aseveración en la que coincidieron al menos tres asesores presidenciales más.
En respuesta, Eisenberg, el máximo asesor legal del Consejo Nacional de Seguridad, propuso mover la transcripción de la llamada a un servidor altamente clasificado y restringido de la Casa Blanca, y lo instruyó, como a otros tres asesores, a “no discutir sus graves preocupaciones acerca de la conversación de los presidentes con nadie fuera de la Casa Blanca”.
Esto se sumó a una creciente lista de acciones de funcionarios leales a Trump tratando de contener, si no ocultar la evidencia sobre la presión del mandatario a Ucrania para conseguir información negativa de Biden.
“El alto crimen es el comercio, el ‘dame información negativa de Joe Biden y su hijo y a cambio te daré la asistencia militar y ayuda para tu economía’, eso ciertamente es una ofensa de juicio político”, estima Corey Brettschneider, profesora de Derecho Constitucional de la universidad Brown, y autora del libro “El juramento y la oficina: una guía de la Constitución para futuros presidentes”.
jhs