La dinámica de acontecimientos violentos de seguridad está llevando a conclusiones parciales: el ataque en Aguililla contra policías estatales quiso llevarse a un replanteamiento de la estrategia lopezobradorista. Pero el ataque de un cártel contra un convoy militar cambió los parámetros. Y el colapso de seguridad en Guanajuato se debe medir con otras variables.

 

La decisión presidencial de abandonar la guerra ofensiva sí ha logrado disminuir las tensiones de seguridad, aunque pocos eventos de choques masivos con alto número de muertos podría generar a percepciones diferentes. Debe preocupar más el delito de fuero común que corresponde a gobernadores y alcaldes.

 

El secretario federal de Seguridad, Alfonso Durazo Montaño, ha sido sometido a presiones para regresar a la ofensiva contra cárteles. Sin embargo, su estrategia se basa en la reconstrucción del destartalado aparato de seguridad, a eludir una guerra formal en calles y llanos y a irle cerrando los espacios de movilidad a los delincuentes que antes se movían con la pasividad y/o complicidad del aparato de seguridad pública.

 

Los ataques en Aguililla e Iguala no significan una ofensiva criminal; peor aún, los cárteles carecen de alguna mente estratégica que los haga decidir en función de tomar alguna iniciativa. Esa violencia revela disputa por plazas entre cárteles, sobre todo el Cártel Jalisco Nueva Generación. Una respuesta calderonista a los cárteles llevaría a otra fase sangrienta de guerra.

 

La operación de seguridad del gobierno de López Obrador ha sido mantenida, en medio de presiones externas e internas, por el secretario Durazo. En todo caso, la crítica mediática ha reaccionado por resortes aislados y no ha podido definir un marco general de seguridad.

 

Las cifras de homicidios dolosos de septiembre que se dará a conocer este fin de semana merecen un análisis estratégico que vaya más allá de las cifras.

 

 

 

Zona Zero

 

 

Bares, cantinas y hoteles de paso son guaridas del crimen organizado y su responsabilidad recae en las autoridades municipales. Y las bandas que asaltan negocios corresponde, su combate, a la autoridad estatal. Y el asunto se agrava cuando delincuentes de fuero común se refugian en áreas de fuero local.

 

(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

 

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jhs