Una de las propuestas más audaces del inicio formal de la Presidencia de López Obrador en materia de pacificación del país fue la amnistía: no se trataba sólo de beneficiar a delincuentes victimizados por el crimen organizado, sino de ofrecer una salida a las bandas delictivas y a miembros de cárteles.
La amnistía llevaba la intención de contribuir al desmantelamiento formal y controlado de bandas delincuenciales, a partir, según alguna versión dicha por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de los mensajes de delincuentes al Gobierno buscando maneras de rendirse sin pasar por la cárcel.
En este escenario se dieron los primeros contados con bandas criminales en Tamaulipas.
Sin embargo, el contenido de la Ley de Amnistía no pudo concretar los mecanismos de rendición de delincuentes. El principal problema que encontraron las autoridades fueron los datos de que todas las bandas están involucradas en delitos criminales de asesinatos. Y pues no se iba a perdonar a criminales.
Las principales bandas, mafias y cárteles delictivos acumulan asesinatos al por mayor. Los únicos que pudieran encontrar espacio en la amnistía son los ladrones en calles y vehículos, pero en su cifra e importancia no tendría ninguna incidencia en el punto central de la contabilidad del crimen: los homicidios.
Y el otro punto que enfrentó el tema de la amnistía fue la negativa de las víctimas a perdonar, cuando menos en criterios generales; en particular ha habido algunas víctimas que han resuelto no condenar a los asesinos de familiares. Pero en el fondo, las víctimas carecen de incentivos para contribuir a pacificar el país con el perdón a criminales.
Este punto de pacificación vía acuerdo con las bandas ya no pudo andar en el proceso legislativo. Los pocos beneficiados con la propuesta de ley de amnistía no incidirán en las cifras oficiales de delincuencia y criminalidad.
Zona Zero
De las policías más denunciadas por alta corrupción y una estructura de mando que propicia ineficacia y la captura de ellas por bandas delictivas, las del Estado de México y de Ciudad de México son las más señaladas. Y por ahí podría empezar cualquier reorganización de policías locales que tienen que ver con fuero común.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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