Foto: Reuters La OEA indicó que compete a la justicia peruana pronunciarse sobre “las diferencias que pudieran existir en la interpretación de la Constitución, conforme a las acciones y planteos que realicen los actores políticos al mismo”  

La Organización de los Estados Americanos (OEA) señaló hoy que compete al Tribunal Constitucional de Perú pronunciarse sobre la legalidad y legitimidad de las decisiones institucionales adoptadas, luego que el presidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso, y llamó a realizar acciones que restauren la calma.

 

“Compete al Tribunal Constitucional de Perú pronunciarse respecto a la legalidad y legitimidad de las decisiones institucionales adoptadas, así como sobre las diferencias que pudieran existir en la interpretación de la Constitución, conforme a las acciones y planteos que realicen los actores políticos al mismo”, indicó.

 

El pronunciamiento de la OEA se da unas horas después que el presidente peruano disolvió el Congreso y convocó a elecciones legislativas anticipadas, lo que desató una crisis política, ya que los legisladores por su parte aprobaron una moción de incapacidad temporal de Vizcarra y designaron a la vicepresidenta Mercedes Aráoz como la presidenta en funciones de Perú.

 

La OEA indicó que compete a la justicia peruana pronunciarse sobre “las diferencias que pudieran existir en la interpretación de la Constitución, conforme a las acciones y planteos que realicen los actores políticos al mismo”.

 

Subrayó que es un paso constructivo que las elecciones han sido llamadas en los plazos constitucionales “y que la decisión definitiva recaiga sobre el pueblo peruano, en quien radica la soberanía de la nación”.

 

“Es conveniente que la polarización política que sufre el país la resuelva el pueblo en las urnas”, resaltó.

 

El organismo continental llamó a las partes a que “realicen gestos que propicien la calma ante la crisis”, política desatada en este país sudamericano.

 

Consideró como prioritario que la ciudadanía no sea expuesta a hechos de violencia en un marco de “conflictividad y fragilidad política” observada en los últimos meses.

 

Vizcarra disolvió el Congreso, dominado por la oposición, invocando normas constitucionales después que los legisladores le negaron un voto de confianza relacionado con una reforma sobre el proceso de designación de magistrados del Tribunal Constitucional.

 

Como respuesta, el pleno del Congreso suspendió al jefe de Estado. Luego las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los alcaldes expresaron su respaldo a Vizcarra.

 

 

 

jhs