Las perspectivas económicas no son alentadoras. Todas las proyecciones apuntan hacia un estancamiento que, al menos, perdurará hasta el próximo año. Bajo este escenario, es natural que surjan voces reprochando al Gobierno por no aventurarse a un activismo económico que intente mover la economía. Dado el bajo nivel de recaudación, ese activismo solo podría venir por el lado del déficit y el endeudamiento. El problema es que soltar la rienda del gasto público no asegura que se logrará un mayor crecimiento. Eso lo vimos entre 2013 y 2017 cuando el Gobierno se endeudó sin lograr dinamizar la economía. Si lo anterior es cierto, por qué insistir en abandonar la austeridad. La respuesta está en el mal entendimiento sobre lo que el Gobierno representa dentro de la economía y de lo que realmente puede hacer de manera efectiva.

El Gobierno en su totalidad –federal, estatal y municipal- participa tan solo con 8.5% del PIB: la Ciudad de México y los estados en su conjunto representan 4.8%, los gobiernos municipales 0.7%, la seguridad social 1% y el Gobierno federal junto a los órganos desconcentrados 2% del PIB. Las empresas y los hogares son los que apuntalan la economía, ya que generan 85% del PIB.

Ante estos datos, un argumento natural de quienes gustan de las políticas fiscales expansivas, es que el sector público debiera crecer para así fortalecer la rectoría y conducción del Gobierno sobre la economía. En este caso, lo que debemos tener claro es que cada punto porcentual de aumento en el tamaño de Gobierno solo se logra arrebatándole recursos al sector privado. Porque a diferencia de las empresas y los hogares -que deben crecer sobre la base de la innovación, la productividad y la producción de bienes y servicios- la gran mayoría de las actividades gubernamentales no generan por sí solas riqueza y su crecimiento solo se da a costa de lo que le quitan al resto de los sectores.

Si el activismo económico para salir del estancamiento no es posible, entonces ¿qué debe hacer el Gobierno? La respuesta es: dar certezas. Certezas de que el Gobierno respetará los derechos de propiedad, procurará la seguridad de los individuos y su patrimonio, defenderá el cumplimiento de los contratos a cabalidad y no incorporará cambios regulatorios sorpresivos.

Con certezas, la inversión recuperará su nivel inercial en automático y, por poner tan solo un ejemplo, el sector construcción saldrá de su recesión junto con todas las ramas industriales con las que está eslabonado.