Casi como acción concertada varios espacios analíticos están enfocando sus críticas contra el secretario federal de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño. Sin embargo, las verdaderas responsabilidades de la inseguridad están en el fuero común que es responsabilidad de gobernadores y alcaldes.

A Durazo le corresponde, eso sí, dar tres pasos urgentes que no serán fáciles de consolidar: el sistema nacional de inteligencia que rompería la concha del ostión local, la exigencia de capacitación de policías estatales y municipales y, sobre todo, la ampliación de facultades de seguridad a la Guardia Nacional para ocupar espacios que los locales no quieren asumir.

En este sentido, las críticas a Durazo quieren frenar la estrategia presidencial de seguridad. Los sucesos sangrientos en plazas locales nada tienen que ver con la Guardia porque han sido eventos bajo la responsabilidad local. Todos los antros que están controlados por mafias y cárteles tienen a sueldo a policías estatales y municipales.

En este sentido, el Presidente de la República está llegando al punto de no ser más complaciente con gobernadores y alcaldes en asuntos de seguridad, porque le están endosando responsabilidades locales que no caen en su competencia.

En menos de un año de Gobierno, Durazo logró sacar la Guardia, sus leyes secundarias, su organización interna y su despliegue en las primeras zonas calientes. Pero como la inseguridad es producto de alianzas perversas entre la delincuencia y áreas del Estado, entonces corresponde a gobernadores y alcaldes poner orden en sus cuerpos de seguridad.

A lo mejor no costará mucho trabajo localizar el origen de las críticas interesadas contra Durazo, pero al final de cuentas la presión presidencial a gobernadores y alcaldes para limpiar los establos policiacos locales ayudaría no sólo a Durazo, sino que permitiría avanzar en el compromiso presidencial de disminuir la inseguridad y la violencia.

 

Zona Zero

La crisis en el expediente de investigación del caso Ayotzinapa esta abriendo falsas expectativas y podría ser una segunda decepción para los padres. Intereses políticos pueden inclinar culpabilidades donde hubo un mal proceso judicial.

(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

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