Las agresiones de habitantes de zonas controladas por cárteles del crimen organizado contra las Fuerzas Armadas se deben localizar en el escenario de una nueva fase de la participación castrense: la seguridad pública.
A lo largo del período diciembre de 2006-2018, las Fuerzas Armadas participaron en labores de apoyo a la seguridad pública en situación de crisis de seguridad interior. Por ello, los militares enfrentaban sólo a los cárteles mejor armados que los policías.
Ahora, por mandato del artículo Quinto Transitorio Constitucional en la reforma que creó la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas tienen permitido participar en labores directas de seguridad pública, en tanto la Guardia Nacional logra consolidar su capacitación total.
Ello quiere decir que en el Ejército se está dando un tránsito de apoyo a la seguridad interior a capacitación en seguridad pública; antes era contra delincuentes y ahora será contra habitantes controlados y al servicio del crimen organizado.
Pronto fuerzas militares tendrán, por ejemplo, gas pimienta, armas de menor calibre y toletes para responder a las agresiones de las personas al servicio de los delincuentes y para arrestar agresores.
La justificación está clara en el Quinto Transitorio: “durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.
Y como la crisis de seguridad se localiza en el fuero común con ciudadanos controlados por los cárteles y la Policía carece de entrenamiento y como la Guardia tardará cinco años en consolidarse, entonces tocará a las Fuerzas Armadas encarar la violencia delictiva de esa sociedad al servicio de los delincuentes en fase de fuero común.
En este contexto, se debe entender la afirmación militar de que se va a responder a las agresiones, aunque dentro de la ley y con equipamiento regulado para contener la violencia social.
Zona Zero
La respuesta militar a las agresiones será dentro de las leyes civiles, pero con cero tolerancias.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.