En medio de un homenaje a la luchadora social Adriana Luna Parra, a un año de su fallecimiento, especialistas, legisladoras y organizaciones civiles se pronunciaron a favor de impulsar el debate sobre la muerte digna en el país, que lleve a una armonización legislativa.
La ombudsperson capitalina, Nashieli Ramírez Hernández, afirmó que la decisión de terminar la vida sin sufrimiento corresponde a cada persona, por lo que es primordial generar los mecanismos adecuados en los casos en los que la ciencia médica nada pueda hacer.
Ante la presencia Ana y Enrique, hija e hijo de Luna Parra, la ombudsperson capitalina destacó el legado de la activista, como maestra de muchas mujeres y hombres, por soñar y luchar por los derechos humanos.
Recordó a Luna Parra como una rebelde en las luchas feministas y los movimientos sociales hasta su último día, pero sobre todo, dijo, mantuvo su dignidad humana hasta el momento de morir.
A su vez, la titular del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), Luz Beatriz Rosales Esteva, consideró que Adriana Luna dejó como legado que “quien sabe vivir, tiene que saber morir”.
En tanto, la directora del Colectivo Canas Dignas, Yolanda Ledesma, dio lectura a la última ponencia de Adriana Luna Parra en la que sostuvo que la muerte debe ser un acto de libertad y dignidad.
En el marco de este homenaje se llevó a cabo el conversatorio “El derecho a la muerte digna”, cuyo primer panel fue denominado “Perspectivas y retos para la garantía del derecho a la muerte digna”.
En su intervención, la abogada especialista Leticia Bonifaz Alfonzo expuso que el país está en buen momento para impulsar una reforma sobre la muerte digna, pero se requiere de la voluntad política de todos los Poderes de la Unión para llevar adelante una gran armonización legislativa.
A su vez, la senadora Patricia Mercado Castro, de Movimiento Ciudadano, coincidió en la necesidad de discutir en los congresos locales no sólo el tema de los cuidados paliativos, sino el concepto de muerte digna; aunque consideró fundamental la separación Iglesia y Estado, porque en estados laicos se respetan los derechos humanos.
Al respecto, la diputada Marisela Zúñiga, presidenta de la Comisión de Inclusión y Bienestar Social y Exigibilidad de los Derechos Sociales del Congreso capitalino, aseveró que hay dos iniciativas que se analizan en la legislatura local, por lo cual habrá que escuchar las voces de la ciudadanía.
El experto en bioética, Julián Cruzalta Aguirre, destacó es un asunto ético y de responsabilidad cuestionar qué es la vida y qué es la muerte, ya que nadie puede obligar a una persona a vivir una vida con dolor.
En julio pasado, el Senado aprobó por unanimidad modificaciones al Artículo 4 constitucional, a fin de incorporar los cuidados paliativos en casos de una enfermedad terminal, que limite o amenace la vida; la reforma fue enviada a la Cámara de Diputados, donde permanece hasta el momento para su respectivo análisis y eventual aprobación.
fahl