Luego de varios años de que los pasantes de especialidades médicas han demandado que la certificación que se les exige para ejercer sea entregada por instituciones educativas en conjunto con órganos del Estado, parece que sus voces fueron escuchadas.

La propuesta de los senadores Antares Guadalupe Vázquez Alatorre y Miguel Ángel Navarro Quintero, de Morena, para que se reforme el artículo 81 de la Ley General de Salud, despertó el júbilo de miles de médicos en todo el país, pues de aprobarse, se lograría fortalecer la rectoría del Estado sobre la calidad de servicios médicos que se ofrecen en México.

Durante años, el gremio de galenos ha denunciado la necesidad impostergable de eliminar del marco legal a estructuras paralelas al Gobierno, que han operado bajo un esquema empresarial por encima del interés de los usuarios del sector salud, al exigir pagos excesivos y cuyo destino es poco transparente para entregar los diplomas que los certifican como especialistas médicos.

Lo anterior se derivó de las modificaciones a la ley que se hicieron durante el sexenio de Felipe Calderón, y por las que se otorgaron facultades exclusivas al Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas (Conacem), una asociación civil, para evaluar y emitir el diploma que avala las habilidades de los médicos, documento que es indispensable para que puedan ejercer como especialistas.

Sin importar su poca transparencia, la Conacem hasta hoy sigue siendo encargada de certificar anualmente a 140 mil médicos, lo que a grandes rasgos significa la privatización de las labores que deberían estar realizando la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Dirección General de Profesiones.

La propuesta de la legisladora Vázquez Alatorre pretende que nuevamente la expedición de la cédula de médico especialista regrese a ser responsabilidad de la SEP, con lo que los médicos tendrían el aval de un órgano de Gobierno, además de que la Dirección General de Profesiones pondría a la disposición de la ciudadanía una base de datos para corroborar las credenciales del profesional de la salud.

Sin embargo, la propuesta presenta un error al modificar la naturaleza de la Conacem para que se constituya como un organismo auxiliar de la Administración Pública Federal que tendría la capacidad de “supervisar” el entrenamiento, habilidades y destrezas de los médicos y especialistas, con lo que no queda claro el alcance que las recomendaciones de la organización que dirige Onofre Muñoz tendrían para obtener el aval del Estado con el fin de dar servicios de especialidades médicas.

La Conacem debe ser extirpada de raíz del sistema médico nacional, las universidades e instituciones educativas deben ser las que, de la mano de la Secretaría de Educación Pública, verifiquen y den garantía de que el entrenamiento, habilidades y destrezas de los médicos son los adecuados para atender a la población.

Desmantelar los grupos que por décadas han utilizado los servicios de salud pública para beneficiarse y enriquecerse es un gran paso, sin embargo las reformas deben hacerse a fondo y terminar con los privilegios.