Después de los ataques del fin de semana en Estados Unidos, que provocaron la muerte de 35 personas, el Presidente estadounidense, Donald Trump, presentó sus condolencias al mandatario López Obrador por la muerte de ocho mexicanos en el tiroteo de El Paso. Y condenó el odio racista y supremacismo blanco, que él mismo ha alentado con sus discursos xenófobos y antiinmigrantes en estos dos años y medio.

Estos hechos cada vez son más frecuentes, y hay tiroteos mortales en los que participan jóvenes norteamericanos que pueden comprar armas legalmente hasta por Internet, lo que ha provocado por lo menos 30 mil muertes al año.

Sin embargo, la masacre reciente nos remite a una grave problemática que nos afecta a los mexicanos y que está en el resorte de la relación bilateral. El tráfico de armas de los Estados Unidos a nuestro país ha generado miles de homicidios en los últimos años y una ola de violencia heredada de administración en administración.

Si bien en la Unión Americana no venden armas en forma clandestina, el mercado negro se instala en los estados que comparten frontera con México, a través de terceros que adquieren las armas de manera legal, ante las muy laxas leyes sobre restricción de venta de armas y la gran presencia de la delincuencia organizada.

En 2004 expiró la ley para la prohibición federal de armas de asalto que permitió el tráfico de armas a México. Pero es importante recordar el operativo fallido de las autoridades norteamericanas denominado Rápido y furioso, en el que proporcionaron armamento a los cárteles para rastrearlos, lo que resultó un intento frustrado.

Ahora, el presidente Trump condena y lamenta los hechos, pero no plantea ninguna acción para regular la posesión y prohibición de armas que evitaría muertes tanto en su nación como en la nuestra.

SUSURROS

En Baja California, el gobernador electo, Jaime Bonilla, aún no sabe si su administración será de dos o cinco años. El actual Congreso local, con mayoría de Morena, todavía no envía al gobernador Francisco Kiko Vega la reforma que aprobó la legislatura anterior, y que modifica la Constitución local para que el empate de la próxima elección a la gubernatura sea en 2024 y no en 2021, como lo señalaba la reforma constitucional aprobada en octubre de 2014.

Se espera que la próxima semana el Congreso local entregue al gobernador la llamada Ley Bonilla para su publicación, y así avancen las impugnaciones y esperar que la SCJN defina el tiempo de su administración. Mientras tanto Amador Rodríguez Lozano, encargado de la transición, denunció que la administración de Kiko Vega quiere imponer unilateralmente las fechas y métodos.

De acuerdo al reporte de Mujeres Directivas 2019 de Grant Thornton, en la actualidad el sexo femenino ocupa 29% de cargos directivos de alto nivel mundial, por lo que Claudia Rincón Pérez, de Factoría IT, busca engrandecer las Tecnologías de la Información como el “escritorio digital” y el “open source” que permite a empresas y Gobiernos reducir costos al contratar servicios administrados, acordes a los tiempos de la 4T.