Acusan a dos empresas de importar autos de forma ilegal

Las empresas Comercializadora Micro Automotriz de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Automotores 2017, asentada en Mexicali, Baja California, fueron acusadas de importar vehículos desde Estados Unidos de manera ilegal.

De acuerdo a documentos en poder de 24 HORAS, “el modus operandi de dichas empresas se centra en corromper a las autoridades de la Aduana en el punto de entrada del país, acompañando certificados que no cumplen con los ordenamientos legales”.

A su vez, acusaron que Comercializadora Micro Automotriz y Automotores 2017 “exhiben supuestos certificados para obtener preferencia arancelaria, pero no tienen el respaldo legal a los mismos, incluso presentan inconsistencias visibles en los términos que ordenan las disposiciones jurídicas aplicables y no lo expide la armadora o ensambladora del vehículo en favor del importador”.

Relataron que en Estados Unidos la empresa Agami Motors & Forwarding LLC emite los certificados de origen como exportadores de vehículos; dicha empresa vende los vehículos en Estados Unidos para su posterior internación al país, no obstante, las empresas no se dedica a la fabricación, producción o ensamble de las unidades que comercializa.

Las empresas asentadas en Estados Unidos violan las cláusulas del TLCAN sobre certificados de origen, porque “no cuentan con el soporte documental con el cual se pueda demostrar que dicho bien califica como originario, conforme a las reglas de origen que prevé dicho Tratado”.

Ven irregularidades

En específico, las empresas involucradas en la importación ilegal de autos violarían los artículos 501 y 502 del TLCAN, que exigen que “el certificado de origen sea válido para la aplicación de preferencia arancelaria y sea necesario contar con soporte documental que avale que los bienes califican como originarios”.

Otra irregularidad es que las empresas Comercializadora Micro Automotriz y Automotores 2017 “pretenden respaldar la información asentada en el certificado de origen mediante un certificado emitido por la empresa Nissan North America, titulado Certificate of Origin for a Vehicle digitalizado como anexo al pedimento”.

Explicaron que con ese documento se “considera que el origen asentado en el certificado es correcto; sin embargo, omite considerar que dicho certificado no avala el origen si no únicamente señala que el vehículo puede ser comercializado en cualquier parte del territorio de EU”.

Además, indica la denuncia, falsificaron documentos de emisión de contaminantes al no presentar los vehículos en centros de verificación de Estados Unidos conocidos smog check.

Según datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz ( AMIA), en el primer semestre del año, han introducido con este esquema 350 mil vehículos, cuya utilidad asciende a unos 500 millones de dólares, sin que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a cargo de Santiago Nieto, así como el área central evaluación y el órgano interno de Control de la Secretaría de hacienda y Crédito Público (SHCP) lleven a cabo una investigación al respecto.

Por cada coche cobran mil 500 dólares más 53% de IVA. 24 HORAS tiene en su poder copia de los pedimentos desaduanados el mismo día que fueron elaborados, presuntamente, por el agente aduanal Roberto Ruiz Armas, en la aduana de Mexicali, a cargo del administrador Alejandro Miramontes Armenta.

El número de pedimento es 192316569000003 y está fechado el 22 de abril de 2019 a nombre de automotores 2017 SA de CV, y cuyo dueño es el agente aduanal mencionado.

Este diario también tiene copia de otro pedimento, del 8 de abril de 2019, elaborado por el mismo agente Aduanal Roberto Ruiz Armas, y cuyo número es 192416569000014 registrado en la aduana de Nuevo Laredo.

Los beneficiarios

La denuncia indica que cada importación de vehículos de dichas empresas generan “una contingencia y una lesión al fisco federal, puesto que no tiene forma legal de cumplir con las exigencias del Tratado de Libre Comercio, de la Ley Aduanera y el decreto para la importación de vehículos con preferencia arancelaria. Bajo este esquema, el fisco sólo recauda seis mil pesos por pedimento, sin tener las empresas algún fundamento o mandamiento judicial para acogerse a ese beneficio de tarifa preferencial”.

Hasta ahora ninguna autoridad hacendaria ha tomado cartas en el asunto, cuando la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador es acabar con la corrupción y la impunidad.

Los denunciantes señalan como presuntos beneficiados a Ruiz Armas y José Benito Reyes, amparados en la protección de autoridades de Baja California.

LEG