El Senado de la República ha salvado a la patria… o casi.

En una sesión de madrugada, los senadores aprobaron, por unanimidad, la Ley Nacional de Extinción de Dominio, y sólo los de Morena y aliados, la Ley de Austeridad Republicana.

¿Por qué han salvado a la patria?

Bueno, porque en estos momentos de desaceleración económica –estamos esperando el reporte del comportamiento de la economía en el segundo trimestre del año; si fue negativo, oficialmente estaremos en recesión-, los senadores valoraron cada una de las leyes aprobadas en miles de millones de dólares y de pesos.

Vamos por partes.

De acuerdo con el senador de Morena, Julio Menchaca, la aprobación de la Ley Nacional de Extinción de Dominio permitirá al Gobierno mexicano recuperar cada año ¡50 mil millones de dólares! que la delincuencia organizada obtiene de ganancias.

No hay, evidentemente, un estudio metodológico que demuestre que la cifra es real, pero de que vende, vende.

Con esa cantidad, en dos años pagaríamos la deuda internacional de Pemex –bueno, en tres por los intereses- y le adelantaríamos al pago de la deuda de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El asunto está en que dicha ley, que por cierto echó al bote de la basura el sesentero nombre de “Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado’’ y designó al sucesor del SAE como Instituto de Administración de Bienes y Activos, de acuerdo a la oposición, invade competencias de otros Poderes.
Cincuenta mil millones de dólares anuales, órale.

La otra ley aprobada, la de Austeridad Republicana, generará al Gobierno federal, de acuerdo con la senadora de Morena (obviamente), Lucía Meza, ahorros también por ¡50 mil millones!…, pero de pesos.

Esta cantidad de recursos, según lo aprobado, será destinada a ahorros y para beneficiar a los más pobres… conforme le parezca al Ejecutivo que será quien disponga de esa bolsa que no lo tuvo ni Obama.

La ley generará una controversia constitucional porque entre otras cosas prohíbe a los servidores públicos contratarse, en un plazo de 10 años, con empresas privadas de los sectores a los que haya regulado, supervisado o tenido información privilegiada.

¿Eso quién lo determinará?

Imagínese a todos los despedidos del sector público que ya fueron despedidos en lo que va de esta administración; si no han encontrado trabajo, deberán esperar hasta 2029 para contratarse, lo cual es una verdadera locura.

Por cierto, en el dictamen la prohibición era por cinco años, pero el inefable senador Félix Salgado Macedonio propuso aumentarla a 10, como mandó a decir López Obrador.

¿Y qué creen? Pues que lo aprobaron.

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Por cierto, el que rompió el protocolo con una propuesta que bien hubiera hecho la Chupitos fue el priista Mario Zamora, quien pidió que se eliminara la fracción III del artículo 21 de la Ley de Austeridad Republicana que prohíbe llegar al trabajo borracho y beber en horas laborables.

Al senador no se le recuerda una iniciativa seria, pero ya logró pasar a la historia con su chistorete apoyado, según sus propias palabras, por… Félix Salgado Macedonio.

Saque usted sus conclusiones.

¿Y el coordinador de los senadores del tricolor, Miguel Osorio Chong, no tiene autoridad para evitar que sus legisladores hagan el ridículo?