Las elecciones del pasado 2 de junio dejaron claro que quienes tienen el poder en el PAN son los gobernadores (con excepción del repudiado Francisco Kiko Vega).

Los gobernadores panistas que han hecho buen trabajo mantuvieron la mayoría de sus alcaldías y diputaciones locales.

Del otro lado del espectro panista se encuentra la dirigencia nacional encabezada por Marko Cortés, con una pésima relación con los gobernadores de su partido. Cortés no acudió a un acto de campaña en las elecciones pasadas; su presidencia ha sido una caricatura de lo que fueron otras dirigencias como las de Castillo Peraza, Calderón o incluso la de Manuel Espino.

El actual presidente panista no ha podido (o querido) reunificar a la militancia, ni mucho menos a los liderazgos locales o nacionales que podrían fortalecer su presidencia.

Ha sido una pérdida de tiempo lamentable, pues el PAN es hoy por hoy el único partido que podría hacerle contrapeso a Morena.

Un PAN articulado tendría mayores oportunidades en las elecciones por venir; ahí están los números de la elección pasada en la que, si bien perdieron las dos gubernaturas en juego, su votación total fue mayor a la de Morena.

Pero éste no fue un logro de la dirigencia nacional. Marko Cortés no es una voz disidente que se quede en la opinión pública; sus declaraciones, además de falta de fuerza y argumentos, no permean entre el electorado. Un mosquito vive más que una declaración de Cortés en los medios de comunicación.

Después de la elección se espera que el PAN realice una reunión de evaluación; los gobernadores tienen el poder –Cortés, la presidencia-, y una moción de los mandatarios estatales podría desencadenar un movimiento nacional para quitar a Cortés de la dirigencia.

No lo han acordado por el momento; Cortés terminará su gestión en 2021, probablemente antes de la elección intermedia para que su pusilánime presidencia no influya en la elección de los candidatos a diputados locales. La única oposición partidista real y seria es el PAN. ¿Entonces por qué no se articula como debería?

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Con eso que López Obrador está en contra de las evaluaciones resulta incomprensible cómo es que Marcelo Ebrard aceptara que el Gobierno de Estados Unidos evaluara, calificara, en un plazo de 45 días si México había hecho la tarea en materia migratoria.

Primero se dijo que serían 90 días para la evaluación, pero ayer Ebrard dijo que será en 45 días cuando el teacher Trump nos haga la evaluación.

Si como país la reprobamos, ahí esta el látigo de los aranceles, y si la aprobamos, igual nos conceden una estrellita en la frente. Ahora que, si de verdad nos vamos a oponer a cualquier evaluación, no estaría de más aprenderle las tácticas a la CNTE. Igual tomamos la Casa Blanca, y hasta la evaluación eliminan.

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El secuestro y asesinato del joven Norberto Ronquillo es la prueba fehaciente de que la estrategia de seguridad de Claudia Sheinbaum es un desastre.

Las estadísticas muestran en incremento de delitos de alto impacto social, entre ellos el secuestro y el homicidio, en una ciudad a la que le falta Policía y le sobra demagogia.

Sheinbaum ya no puede seguir defendiéndose con el argumento de que “le dejaron un tiradero’’; tiene casi seis meses en el Gobierno, y aun cuando todo mundo sabe que el problema no se resuelve en un día, tampoco se nota que haya estrategia para comenzar a solucionarlo. Encontrar a los asesinos de Ronquillo no debe ser una oferta de Gobierno; es su responsabilidad.