Altos Hornos de México (AHMSA) acusó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), congeló sus cuentas bancarias de manera indebida, en un acto “sin precedente, arbitrario y violatorio de todo derecho”.

La siderúrgica expuso en un comunicado que la UIF, cuyo propósito es la prevención y combate de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, obstaculiza con su congelamiento de cuentas su continuidad operativa, lo que daña a sus accionistas, a más de 20 mil trabajadores y miles de proveedores, clientes y terceros que integran su extensa cadena industrial.

“Lo anterior pone en riesgo la estabilidad económica de Coahuila y de otras zonas en que su actividad influye”, sostuvo en la información dada a conocer también a sus inversionistas de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

También aseguró que activa los mecanismos de defensa disponibles para salvaguardar sus derechos y, una vez que se conozca la argumentación para esta “arbitraria acción”, que parece atribuirle actos indebidos respecto de los que niega toda responsabilidad, aclarará ante la UIF u otra dependencia cualquier hecho que haya dado origen a esta decisión que es “violatoria de la mínimas garantías legales”.

Más tarde, la compañía AHMSA también que el pago a su acreedores está garantizado, a pesar de las acciones tomadas por la UIF, de la Secretaría de Hacienda, que dirige Santiago Nieto.

“La empresa comunica a los acreedores de deuda derivada de la suspensión de pagos de AHMSA que sus pagos se encuentran totalmente garantizados por haber sido depositados en un fideicomiso con ese fin específico”, señaló.

Por separado, la Secretaria de Hacienda confirmó que, a través de la UIF, incluyó en su “Lista de bloqueados” a la persona moral Altos Hornos de México (AHMSA), acción que fue “conforme a derecho” y con la cual reafirma política de “cero tolerancia a la corrupción”.

Ello se debe a que se identificó en el sistema financiero nacional e internacional que se llevaron a cabo múltiples operaciones con recursos que presuntamente no proceden de actividades lícitas, mismos que se presumen ser derivados de actos de corrupción, explicó.

“Con lo anterior se prevén los medios de prueba que consideren conducentes, así como para formular los alegatos que a su interés convengan para tales efectos”, agregó.

 

CON INFORMACIÓN DE NOTIMEX

DAMG