Las 14 mil 224 cámaras de videovigilancia instaladas en edificios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), como parte del megacontrato de seguridad por dos mil 795 millones de pesos, están en riesgo de desmantelarse el próximo año.
De acuerdo a las cláusulas de los contratos, las miles de cámaras pertenecen a las nueve empresas a las que el Seguro Social contrató para brindar seguridad entre 2017 y 2020.
Los contratos vencen el próximo año y en caso de que los corporativos no acepten donar los equipos, el IMSS deberá decidir entre desmantelar las más de 14 mil cámaras, hacer una oferta de compra a las empresas o renovarles los contratos.
Los responsables de ese mecanismo irregular de contratación fueron ex integrantes del extinto Estado Mayor Presidencial (EMP): el coronel Juan Martín Cano Aguado como coordinador Técnico de Seguridad y Resguardo de Inmuebles, y el capitán Fernando Díaz como jefe de la División de Seguridad del instituto.
Actualmente, según comprobó 24 HORAS, el capitán Díaz fue reclutado por la nueva administración federal, en específico por la Secretaría de Bienestar, donde ocupa el cargo de director de Seguridad y Protección desde enero.
Aunque en la página oficial de la dependencia no aparece, el capitán y ex integrante del EMP, apenas el 21 de marzo pasado presentó su declaración patrimonial ya como funcionario del nuevo Gobierno.
El capitán Díaz y el coronel Cano fueron los encargados de calificar a las empresas, elegir a nueve corporativos y entregarles contratos por más de dos mil 795 millones de pesos para la instalación de más de 14 mil videocámaras y al menos seis mil guardias privados que cuidarán sus instalaciones entre 2017 y 2020.
Éste diario publicó que en 2017, el IMSS llevó a cabo un proceso de licitación internacional bajo la cobertura de tratados internacionales a pesar de que los servicios de seguridad no entraban en esa modalidad; además, manipuló las convocatorias, contrató un testigo social que infringió las normas y ocultó información a los concursantes.
A su vez, el instituto, por razones desconocidas, fragmentó la primera licitación internacional para entregar a nueve empresas, los contratos, y a pesar de los montos, los corporativos quedaron como dueños de los equipos de videovigilancia.
LEG