Foto: Cuartoscuro / archivo Marcelo Torres Cofiño dijo que queda la intención del presidente López Obrador por militarizar la seguridad pública en el país, cuando su oferta en campaña era lo contrario  

Con la intención de nombrar a un militar en activo al frente de la Guardia Nacional no sólo se viola la ley, sino que evidencia la intención de debilitar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y dejarla como una simple área administrativa, consideró Marcelo Torres Cofiño, ex presidente nacional de Acción Nacional.

El también diputado local en Coahuila dijo que queda la intención del presidente López Obrador por militarizar la seguridad pública en el país, cuando su oferta en campaña era lo contrario.

Por su parte, el diputado federal Alfonso Robledo (PAN) resaltó que las conclusiones en torno a la nueva corporación eran en el sentido de un mando civil.

No sólo se hablaba, indicó, de en qué dependencia estaría adscrito este nuevo cuerpo policiaco, sino del origen de la persona en la que recaería el mando.

“Nosotros estábamos afirmando que el origen iba a quedar fuera de la adscripción militar, traer un mando militar es hacer las cosas al revés, esperamos que en ese tema haya una reflexión final del Presidente, o cubra los costos de tener un militar donde debería de haber un civil”, expresó Robledo.

Añadió que de mantenerse en su decisión el mandatario, ésta es totalmente impugnable porque la Constitución no deja lugar a dudas de qué tipo de mando debe tener.

Robledo cuestionó por qué López Obrador no encuentra a una persona en todo el país con las credenciales necesarias y suficientes para estar al frente de la Guardia Nacional.

“Estoy seguro que existen muchos perfiles en México, el Presidente está renegando de la decisión que se tomó en el Senado, el no tener su propia guardia militarizada a como él la estuvo deseando”, señaló Robledo.

Entregan petición a Bachelet

En tanto, senadores de oposición denunciaron ante la alta comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, la intención del Presidente de colocar al frente de la GN, a un mando militar en activo, lo que estaría violando la Constitución.

“Confiamos en que la colaboración respetuosa del sistema de Naciones Unidas, a través de usted, incidirá en que el surgimiento de la Guardia Nacional, (…) se dé, adoptando los parámetros y límites de una corporación eficaz, observadora y vigilante de los derechos humanos”, advirtió la senadora del PRI, Beatriz Paredes.

En el marco de una sesión “especial”, organizada de último momento para recibir a Bachelet en el Senado –en la que también estuvo presente el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo– las senadoras del PAN también acusaron la reducción de recursos a las estancias infantiles y le pidieron su intervención para resarcir el tema.

Ante las acusaciones, la senadora de Morena, Martha Lucía Micher, señaló que las senadores que hacían dichas denuncias, “participaron en gobiernos anteriores y formaron parte de un estado que renunció a su obligación de respetar y promover los derechos humanos, especialmente de las mujeres”.
Al respecto, la alta comisionada, Michelle Bachelet, ofreció todo el apoyo de su oficina en México, para dar seguimiento al tema de la GN.

 

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