Coincidentemente, al momento de escribir esta colaboración, en la edición del martes 26 de marzo del Diario Oficial de la Federación se publica el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, lo que implica que hoy ya es norma vigente. Con el documento expedido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que forma parte de la nueva estrategia federal de hacer frente al crimen organizado, es de esperar que se den los resultados por todos esperados.

La desaparición de ciudadanos en sus diversas modalidades, como la trata de personas, con fines de explotación laboral, tráfico de migrantes o narcomenudeo, son una vertiente de los males que ha traído el crimen organizado que, a decir del titular de la Secretaría de Seguridad Federal, Alfonso Durazo, ha ido en aumento.

Pero sobre el particular tema de las personas desaparecidas, es importante observar el trabajo que se está realizando desde la Secretaría de Gobernación con su titular Olga Sánchez Cordero y Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la misma dependencia, que entre sus balances han manejado las cifras de más de 40 mil mexicanos que permanecen en calidad de desaparecidos, 26 mil cuerpos aparecidos sin identificar y mil 100 fosas clandestinas. Para hacer frente a esta grave crisis se ha puesto en marcha un Plan Nacional para la búsqueda de personas desaparecidas.

Con esta nueva estrategia se puede saldar la deuda histórica que se tiene con las familias y las víctimas que fueron desaparecidas. El nuevo programa también tiene como una alta prioridad centrar su labor por encontrar con vida a las personas. Parte de esa estrategia tiene que ver con que el Gobierno federal ha pedido perdón a los familiares de las víctimas, que es un buen indicio para hacer justicia.

Reconocer heridas y encaminar los rumbos a la pacificación es un buen principio. Guardando las proporciones del caso y con diferente perspectiva y condiciones, me recuerda la transición a la democracia en Chile cuando Patricio Aylwin sentó las bases respecto de las violaciones a los derechos humanos y en 1992 pidió perdón en nombre del Estado a las víctimas chilenas y a sus familias.

Es innegable la deuda que hay en esas dos materias: la inseguridad y la desaparición de personas. Mientras nos sigan faltando personas, México no estará completo. Desde la Cámara de Diputados apoyaremos y acompañaremos las acciones e iniciativas que sean necesarias para que haya justicia y, principalmente, para reintegrar la armonía social y familiar de todos los mexicanos.