Afectados de los municipios Leonardo Bravo y Zitlala en Guerrero manifestaron que a casi cinco meses de que se vieron obligados a dejar sus hogares a causa de Onésimo El Necho Marquina Chapa  y de Juan El Teniente, presuntos integrantes del grupo armado de Tlacotepec no han obtenido respuesta por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Marlene, quien es  una de las 300 desplazadas, lleva un mes acampando afuera de Palacio Nacional, recordó que desde el 11 de noviembre en 2018 abandonó su casa en la comunidad Filos de Caballo en el municipio Leonardo Bravo, porque a las 12 horas alrededor de 300 hombres armados dispararon en su comunidad.

“Decidimos dejar todo antes de que nos pasara algo, salí con mi mamá y mis dos hermanos, era domingo estaba lavando la ropa, de pronto empezamos a escuchar detonaciones en un poblado que se llama Ranchito a cinco minutos de donde vivíamos, decidimos irnos, nos fuimos a la ranchería Campo de Aviación y después permanecimos tres meses en Chichihualco que es la cabecera municipal de Leonardo Bravo, los que nos atacaron se denominan policías comunitarios”, relató a 24 HORAS.

Doña Lety expresó que arribaron a la Ciudad de México el 17 de febrero de este año con la esperanza de recibir ayuda. “Hace unos días sufrí una parálisis facial, se torció mi boca, compré el medicamento me costó mil pesos. Extraño mi leña, allá tenía agua, a la hora que quisiera, podía poner mis frijolitos pero con miedo, y ahora estamos aquí sufriendo”.

Manuel Olivares, director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), quien da acompañamiento a los afectados, comentó que han tenido tres reuniones con Félix Santana, director de Estrategias para la Atención a los Derechos Humanos y el asesor Neftalí Granados, ambos de Segob.

“Con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, sólo tuvimos un encuentro el 18 de febrero y la última reunión con los otros dos –funcionarios- fue el jueves, nos expresaron que sería la Comisión Ejecutiva de Victimas (CEAV) la que asumiría la cuestión de los apoyos, pero la gente tendría que regresarse a Chichihualco para realizar un censo”, refirió a este diario.

Explicó que además deberían  interponer las denuncias con la finalidad de acceder al registro de la CEAV, y poder acceder a los apoyos,  después de tres meses lo que ocasiona un problema.

Frase

“Me mataron a mi hijo, y a mi sobrino en la comunidad Vuelta del Sur municipio de Heliodoro Castillo, quiero regresar a la huerta a trabajar como antes, tengo mi huerta de manzana y durazno y ahí están, ahorita andamos en la lucha para que nos apoyen, mi esposa está enferma”
Eduardo, afectado

LEG