A finales de febrero se publicó el más reciente informe del Índice de Estado de Derecho (Rule of Law Index en inglés) a nivel mundial. Dicho índice es elaborado y publicado por el World Justice Project (Proyecto de Justicia Mundial) que es un organismo multidisciplinario e independiente que busca promover el fortalecimiento del Estado de Derecho en todo el mundo. México sale muy mal evaluado no solamente en términos absolutos sino incluso cuando se compara a nivel regional y con países de ingreso similar.

El índice 2019 coloca a México en la posición 99 de 126 países evaluados y en la posición 26 de los 30 países considerados en América Latina y el Caribe. De la misma forma, México ocupa el lugar 35 de los 38 países catalogados como de ingreso medio alto a nivel mundial. No solamente caímos dos posiciones a nivel mundial respecto a la edición anterior (2017-2018) del índice, es decir que seguimos empeorando, sino que además estamos por debajo de países centroamericanos que sufrieron guerras civiles hace relativamente poco tiempo, como El Salvador que se ubica en la posición 84. Para dimensionar la gravedad de nuestra situación, basta mencionar que México solo es superado –con una peor posición– en América Latina y el Caribe por Nicaragua (114), Honduras (115), Bolivia (119) y Venezuela (126) que ocupa en último lugar no solo a nivel regional sino a nivel mundial.

Diversos estudios económicos y de la ciencia política han señalado y aportado evidencia empírica sobre la importancia del Estado de Derecho como fuente de instituciones sólidas, crecimiento económico, justicia social y, en última instancia, mayor desarrollo (no es casualidad que los países mejor posicionados en el Índice de Estado de Derecho sean los países más desarrollados o de ingreso alto a nivel mundial). No obstante, no es un asunto meramente económico o político, ya que incide también en la forma en que la sociedad en general se relaciona, convive y se desenvuelve, y por lo mismo toca todos los ámbitos de la vida de las personas y del país. No es por lo mismo tampoco una tarea que solo ataña a los abogados o expertos en leyes, también demanda el involucramiento de expertos en otras ciencias sociales y sobre todo de la clase política para impulsar los cambios necesarios.

A juzgar por los resultados obtenidos por México en el mencionado índice, no existe actualmente agenda pública más importante y trascendental en nuestro país que la de crear las condiciones para que prevalezca y se fortalezca el Estado de Derecho. La idea –actualmente muy en boga– de que solo combatiendo la corrupción se podrá llegar a un pleno Estado de Derecho es una idea falsa. De hecho, el combate a la corrupción será una ilusión si no existe un sistema de justicia eficiente. El combate a la corrupción es sin duda una condición necesaria, pero no suficiente.

Si México desea salir de su manifiesto aletargamiento que lo caracteriza desde hace ya muchos años e incorporarse al mundo desarrollado, es indispensable que junto al combate a la corrupción se creen pesos y contrapesos efectivos entre los distintos poderes gubernamentales; que la rendición de cuentas por parte de esos mismos poderes a los ciudadanos sea la norma; que se creen condiciones para una verdadera impartición de justicia, así como de seguridad, y que las instituciones públicas se caractericen por su transparencia y apertura. Sin eso, el Estado de Derecho seguirá siendo solo un ideal.

Jorge L. Velázquez Roa

@JorLuVR

Jorge L Velazquez Roa

Consultor internacional en materia económica, política y de políticas públicas con más de 20 años de experiencia en temas regulatorios, de competencia, comercio, finanzas públicas y buen gobierno....