Como cada año, el 8 de marzo se recuerda el Día Internacional de la Mujer con sendos pronunciamientos y propósitos renovados de políticos y funcionarios públicos respecto a los derechos de las mujeres y sus garantías. Sin embargo, las cifras y los números cotidianos sobre hechos que impactan negativamente la vida del sector femenino sólo evidencian que la preocupación de garantizar los derechos de las mujeres o es una simulación o, en el peor de los casos, es un discurso demagógico.

La lucha y unidad de las diputadas logró que, desde el año 2008, se volviera una tradición parlamentaria aprobar un presupuesto etiquetado para impulsar la transversalización de perspectiva de género. Ese recurso del anexo 13 del decreto de presupuesto que ahora asciende a un monto de cerca de 65 mil millones de pesos es ejercido por 32 instituciones del Poder Ejecutivo (antes participaban el Poder Legislativo y Judicial). Los montos varían dependiendo de los programas que implementan, por ejemplo, el sector Bienestar, que contempla el programa de becas de diversa etiqueta, ya que ejercerá más de 40 mil millones; el sector Salud contará con mas de 27 mil millones, de los cuales el IMSS ejercerá mas de 23 mil millones. Educación Pública tiene etiquetado casi cinco mil millones; Agricultura y Desarrollo Rural, un poco más de tres mil 600 millones; y Economía, más de dos mil 500 millones.

Hasta aquí, los números parecen corresponder a la necesidad de impulsar programas con base en la idea de erradicar la discriminación femenina, pero cuando revisamos los montos etiquetados para ciertos programas que resultan fundamentales para garantizar la vida de las mujeres, nos encontramos con los decepcionantes números. Por ejemplo, a la Secretaría de Gobernación, que encabeza una mujer comprometida desde siempre con la lucha de las mujeres, Olga Sánchez Cordero, se le etiquetaron tan sólo un poco más de 300 millones de pesos, que se distribuyen en 260 millones aproximadamente para promover la Atención y Prevención de la Violencia Contra las Mujeres; para el programa de derechos humanos tan sólo 16 millones y 3.5 millones para implementar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la nación y sus habitantes.

Con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las cifras en el país de homicidios dolosos contra mujeres y los etiquetados como feminicidios son las siguientes: 2015: 1,755 y 404; 2016: 2,210 y 617; 2017: 2,558 y 708; y 2018: 2,746 y 861. Como podrá observarse, la tendencia es el incremento de violencia mortal contra las mujeres. El día 6 de marzo, el Instituto de las Mujeres presentó su Plan emergente para garantizar la integridad, la seguridad y la vida de las mujeres y las niñas de México; la pregunta que surge de inmediato es: ¿con qué recursos se van a realizar las acciones que ahí exponen? Por ejemplo, la atención y seguimiento a las declaratorias de Alerta de Violencia de Género que emite Gobernación por medio de la Conavim. El documento no especifica nada al respecto, por lo que hace sospechar que este plan será sólo una buena intención emitida en el preámbulo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que no está por demás recordar que se deriva de un hecho tan trágico como la pérdida de vida de 129 trabajadoras en huelga en una fábrica de Nueva York en 1908.