Esta semana al presidente Andrés Manuel López Obrador le aplicaron el quitarrisas. Y es que imaginen que están construyendo y a su casa le falta un piso, y el arquitecto les hace un presupuesto de 100 mil pesos para levantar los muros y el techo de otro nivel. Ahora imaginen que de la noche a la mañana ese precio se eleva a 400 mil.

Eso mismo está pasando con el Tren Interurbano Toluca-Ciudad de México, la faraónica obra de primer mundo que unirá –si es que algún día la terminan– a la capital mexiquense con el Metro Observatorio. La noticia se la dieron a conocer en una reunión de gabinete el martes pasado.

El lunes pensaron que para terminar una de las obras emblemáticas del sexenio de Enrique Peña Nieto se requerían 15 mil millones adicionales a lo que ya se ha gastado. Pero el martes amanecieron con la noticia de que no eran 15, sino 25 mil millones los que se necesitaban para terminar la obra. En suma, el famoso tren rápido costará 70 mil millones de pesos… y podría ir subiendo mucho más, según se dice en los pasillos de Palacio Nacional.

Más que difícil, la obra parece absurda. Lo dijo el propio Presidente, cuando en tono de reclamo preguntó ¿pero qué sentido tiene una inversión así? Primero que está sobreestimado el costo y al final es una obra que está parada, que no sirve, que no tiene ninguna utilidad.

Parece muy fácil decir 15 mil millones o 25 mil millones, pero no se olviden, queridos lectores, que es dinero de ustedes, de nosotros, de todos. Son recursos que pagamos cada que compramos un artículo y pagamos el IVA, es el dinero de la declaración anual, el de nuestros impuestos.

Eso sin mencionar que la obra se ha empantanado. La prensa ha reportado oportunamente que incluso en varios tramos, las obras simplemente se han detenido y tardarán hasta cuatro años en concluirlas.

Y después de todos estos agravios –sólo equivalentes a una mentada de madre–, lo que me pregunto es ¿quién va a pagar por esto?, ¿a quiénes se va a investigar por el barril sin fondo que resultó ser el proyecto?, ¿cuánta responsabilidad tiene el ex secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, y cuánta su jefe, el ex presidente Enrique Peña Nieto?, ¿acaso el presidente López Obrador también rehuirá a iniciar un proceso judicial por este desfalco a las arcas nacionales? Muchas preguntas sin respuesta.

Ya me lo imagino diciendo en una de sus conferencias matutinas que “hay que mirar para adelante”.

Pero bueno, hablando de trenes, muy similar es el caso de la Línea 3 de Guadalajara. La obra fue mal planeada y ahora tocará invertirle cuatro mil 500 millones de pesos para concluir algo a lo que -recordemos– el mismísimo Peña Nieto dio el banderazo de salida. Al menos al inicio de las pruebas.
La buena noticia es que tanto el gobernador Enrique Alfaro –por cierto, tan mansito que anda últimamente con AMLO– y el Gobierno federal ya se pusieron de acuerdo para juntar la lana y echar a andar la obra en diciembre. Vamos a ver, dijo un ciego.

En el baúl: en las próximas semanas se esperan anuncios en materia de combate a la corrupción; específicamente la Unidad de Inteligencia Financiera trabaja en cercar a los factureros apócrifos y también habrá estrategia a las irregularidades en la compra de medicamentos. En este último punto será interesante saber cuántos políticos salen a relucir por tener o participar en empresas farmacéuticas y ser los sospechosos ganadores de licitaciones en el sector salud.