En semanas pasadas hemos visto las diversas discusiones acerca de los distintos programas sociales, sobre la conformación de los padrones de beneficiarios y principalmente en la forma en que se reparten los recursos.

Por ejemplo, se nos dijo que en el programa de estancias infantiles se habían encontrado graves problemas de corrupción en los que, se supone, había estancias falsas, niños fantasma y funcionarios que desviaban recursos. Sin embargo, hasta la fecha no han presentado ninguna prueba o demanda de tales actos de corrupción.

Ahora diversas estancias del país han quedado cerradas, los recursos serán entregados directamente a los padres de niños entre uno y cuatro años, pero el problema es que en las reglas de operación del nuevo programa no hay ningún candado que obligue a los padres a destinar ese dinero al cuidado de los pequeños.

Hace unas semanas se deslizó que otro programa que se vería afectado es el de los recursos que se entregan directamente a las organizaciones de la sociedad civil; esto sin importar el tipo de actividad o ayuda que proporcionen.

Y de esta manera nos enteramos que parte de esas organizaciones serían las que se dedican a proteger a mujeres víctimas de violencia extrema. El vocero de la Presidencia incluso mencionó en una conferencia que ofreció en la UNAM que los recursos para los refugios de mujeres serían otorgados directamente a las víctimas; 24 horas después señaló en un tuit que los recursos para los refugios aún estaban garantizados, pero indicó que aún se estaba analizando si los refugios serían absorbidos por la Secretaría de Gobernación. Situación que sorprendió a la propia secretaria Olga Sánchez Cordero.

Hay que recordar que estos refugios son operados “principalmente por organizaciones de la sociedad civil que trabajan sin fines de lucro apoyadas por financiamientos gubernamentales y sociales para el desarrollo de sus actividades, así como algunas instituciones públicas a nivel estatal, municipal y local en los estados.

Lo que habría que explicarle al vocero y al Gobierno federal es que el proceso para proteger a mujeres víctimas de violencia es muy complejo y no sólo requiere de entregar dinero en mano de las víctimas. Se necesita de ayuda, de anonimato y de garantizarles protección.

Integrar un padrón de mujeres víctimas de violencia no se resuelve visitando o censando los domicilios del país. Muchas mujeres cuando toman valor para dejar el lugar donde son maltratadas requieren de un sitio en donde su agresor no las encuentre.

Una vez que aceptan que tienen un problema, las organizaciones no gubernamentales les explican el camino legal a seguir y las acercan a los refugios en donde se les valora y protege.

Pensar que estos refugios estarán en manos de la Secretaría de Gobernación incluso nos pone a pensar que arriesga el anonimato tanto de éstos como de cada una de las víctimas.

Los refugios hasta ahora mantienen sus ubicaciones en secreto, al igual que los nombres de las beneficiarias, lo cual les garantiza a las víctimas un grado de seguridad para ellas e incluso para sus hijos.

Perder las estancias infantiles de por sí ya es un golpe para muchas mujeres, pero ¿en verdad vamos a retroceder y quitarles la oportunidad de encontrar en estos refugios un techo que no sólo les dé alimento y sustento, sino que las ayuda a valerse por sí mismas y a denunciar los actos de agresión de los que fueron víctimas?

Twitter: @osdtagle