No hay ningún tema que genere un interés superior entre la ciudadanía que el de la inseguridad. Es apremiante la recuperación de los valores de la seguridad y la justicia en la capital y en todo el país. Tanto la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, como el presidente Andrés Manuel López Obrador lo han asumido y convertido en prioridad.

Dos momentos.

El primero: en la ceremonia de cambio de presidente del Consejo Coordinador Empresarial, el mandatario ofreció un trato a los empresarios y representantes de las organizaciones civiles que se reunieron en el Centro Banamex y esperaron, esperamos, durante más de tres horas el discurso presidencial. El trato que se cerró fue terminar con la corrupción y la inseguridad.

El segundo: la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, tomó protesta a los 25 consejeros honorarios del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Doce mujeres y trece hombres comprometidos con la seguridad desde su labor ciudadana. Frente a ellos, a quienes tengo el honor de presidir, Sheinbaum desmenuzó el alcance de su estrategia integral de seguridad.

La jefa de Gobierno enfatizó cuánto importa generar bienestar social y combatir la corrupción para lograr que todos los esfuerzos que se llevan a cabo desde el Gabinete de Seguridad se concreten en algo que, sin duda alguna, va a suceder: la disminución de los índices delictivos en esta capital.

Ofreció datos que son reveladores del abandono en el que la anterior administración dejó el tema. Por ejemplo, la “inexistencia” de nueve mil policías que la entonces Secretaría de Seguridad Pública reportaba como que estaban en labores de protección en la ciudadanía, cuando en realidad ni siquiera existían. Inconcebible.

También hubo buenas noticias, como un convenio firmado entre el Gobierno de la Ciudad de México y Telmex para dotar de fibra óptica a cada poste en el que se encuentran cada una de las cámaras que monitorean nuestra seguridad. No sólo van a funcionar, sino que además van a transmitir en tiempo real y sus materiales serán accesibles. Esto, 300 millones de pesos más barato que lo que erogaba el gobierno de Mancera por un servicio que era incompleto.

Un consenso nos une como ciudadanos y autoridades: la seguridad se construye en comunidad. No es una tarea exclusiva del Gobierno, se requieren personas capaces de un activismo exigente ante la inseguridad, de construir redes de confianza y apostar por un papel activo.

En ese proceso, los temas de inclusión, representatividad, diálogo progresista auténtico con todas las voces y capacidad de sugerir proyectos y programas adecuados a una comprensión realista de los temas asociados a la seguridad son también apremiantes.

De ahí la relevancia simultánea de los encuentros con actores empresariales, actores de seguridad y operadores de proyectos ciudadanos a favor de la restitución visible y continuada del tejido asociativo.

@guerrerochipres