MANAGUA.- Horas antes de que fuera retomado un diálogo que busca poner fin a la crisis política en Nicaragua, la justicia del país centroamericano liberó el miércoles a 100 “presos políticos” que permanecían encarcelados por su vínculo con las protestas contra el presidente Daniel Ortega.
La liberación ha sido una de las principales exigencias de la oposición y de organismos de derechos humanos, que aseguran que unas 600 personas estaban tras las rejas desde que empezaron en abril de 2018 las manifestaciones antigubernamentales, que también han dejado más de 320 muertos.
Durante la mañana del miércoles, microbuses del sistema penitenciario llevaron a varios “presos políticos” con enfermedades graves a sus casas, dijo Pablo Cuevas, abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, una ONG que representa a cientos de privados de libertad.
Más tarde, el Ministerio de Gobernación informó que fueron 100 las personas liberadas aunque no precisó su condición. Sin embargo, algunos cumplirán medidas cautelares como prisión domiciliaria, sostuvo Vilma Núñez, presidenta del Cenidh, una ONG declarada ilegal por el Congreso.
“Los presos políticos no se negocian, tienen que dejarlos en libertad total o es un juego del Gobierno previo al inicio del diálogo”, dijo Núñez a Reuters.
El gobierno de Ortega niega que existan presos políticos en su país. También asegura que la justicia nicaragüense es independiente y que quienes están tras las rejas han cometido crímenes.
Diálogo con resultados
A media mañana se reinició el diálogo a las afueras de Managua, en la sede de la escuela de negocios INCAE. Pasadas seis horas, los negociadores seguían reunidos.
La delegación opositora incluía a representantes de los empresarios, un académico, un político y un universitario.
A diferencia del diálogo que naufragó el año pasado, esta vez no estuvieron Ortega ni su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. En su lugar acudieron el canciller Denis Moncada, el magistrado Francisco Rosales y el jefe de la bancada en el Congreso del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Edwin Castro.
Miembros de la Iglesia católica participaban como testigos.
El Cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, inauguró el encuentro transmitiendo un mensaje del Papa Francisco.
“(Tenemos) la gran esperanza de que estos encuentros nos lleven a romper la polarización entre nosotros”, dijo el líder religioso.
“El Santo Padre me decía en una plática bastante larga: no hay que escatimar esfuerzos para lograr soluciones (…) Hay que evitar llegar a las situaciones de confrontación”, agregó.
En mayo, poco después de que estallaron las protestas contra el gobierno izquierdista, un diálogo mediado por la Iglesia católica se estancó luego que la oposición exigiera la renuncia de Ortega y el adelanto de las elecciones presidenciales, pautadas para 2021.
“Para que el diálogo funcione tiene que dar resultados pronto”, dijo a Reuters Douglas Castro, miembro de la Alianza Cívica, un grupo de la sociedad civil donde se aglutina buena parte de la oposición.
“No hay margen de error ni tiempo para audacias (…) Si no funciona vamos al despeñadero y la crisis se prolongará. No hemos visto ni la punta del iceberg de la crisis que se nos puede avecinar”, agregó.
Mientras se iniciaba el diálogo, el Congreso -donde tienen mayoría los aliados de Ortega- aprobó una ley para aumentar los impuestos, fuertemente resistida por los empresarios, quienes aseguran que necesitan un estímulo para reactivar la economía.
Nicaragua vive su peor crisis desde la Revolución sandinista (1979-1990): el déficit presupuestario de 2019 es de 320 millones de dólares, algunos de sus funcionarios -incluyendo Rosario Murillo- han sido sancionados por Estados Unidos y diversos organismos financieros internacionales le han congelado los créditos al país.
Analistas aseguran que por ello Ortega, quien retomó el poder en 2007 tras gobernar entre 1985 y 1990, aceptó ir a las negociaciones, antes de que la crisis económica se profundice.
fahl