Las acusaciones “ligeras y dogmáticas” realizadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador en contra del sector privado, deterioran la confianza entre el sector público y privado, que es indispensable para seguir fomentando inversiones nacionales y atrayendo inversiones al país, aseguró el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walter.

En entrevista con 24 HORAS, el líder empresarial consideró que es preocupante que desde el Gobierno federal se lancen en los medios de comunicación, acusaciones genéricas sobre personas, sin aportar pruebas concretas de que delitos o actos de corrupción que se imputa a algunos exfuncionarios.

Esto, luego de que el jefe del Ejecutivo asegurara en su conferencia matutina, que aunque no está en contra del sector privado, sí lo está sobre los actos de corrupción, y pidió que los organismos empresariales, como la Coparmex, tomen un posicionamiento crítico al respecto, evitando “el influyentismo”; además de que presentó algunos nombres sobre funcionarios del sector que estarían coludidos con la mala situación financiera en la que se encuentra la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Por otro lado, sobre la propuesta de AMLO para evitar que cualquier funcionario público pase a la iniciativa privada del país hasta 10 años después de haber estado en un cargo público, De Hoyos indicó que para el país es necesario que exfuncionarios públicos estén en la industria tras haber dejado su cargo.

“Si algún ex funcionario que hoy colabora en una empresa privada ha violado la ley, debe actuarse conforme a derecho sin demora, pero no debe ser descalificado por el solo hecho de ahora trabajar en el sector privado, en un área económica vinculada a su conocimiento y experiencia previa en su quehacer público”, detalló.

Por su parte, José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), no quiso dar declaraciones sobre el tema, sin embargo, aseguró que la iniciativa privada (IP) siempre estará dispuesta a trabajar con el Gobierno para combatir la corrupción e impunidad.

El empresario precisó que la industria nacional desde hace varios años ha señalado que es necesario combatir dichos problemas desde su raíz, y que en caso de que se demuestre que algún empresario está vinculado a algún tipo de delito deberá asumir las consecuencias.

En tanto, Francisco Fernández, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), opinó que la propuesta sobre los funcionarios y la IP es inaceptable.

“Si como funcionario has trabajado toda tu vida en el sector energético, cuando concluyas tu gestión buscarás un trabajo dentro de la industria y de lo que sabes hacer, pero si no ¿de qué vas a vivir?, por eso la propuesta me parece absurda”, declaró el empresario.

LEG