Condominios que fueron reconstruidos luego del sismo de septiembre de 1985 son prioridad para el Programa de Rescate Innovador y Participativo en Unidades Habitacionales (Ripuh), el cual tiene un presupuesto de 240 millones de pesos, informó la nueva administración de la Procuraduría Social (Prosoc) de la Ciudad de México.
En una entrevista con 24 HORAS, la titular de la dependencia, Patricia Ruiz Anchondo, aseguró que son alrededor de dos mil conjuntos habitacionales los que se tienen registrados actualmente para ser intervenidos por el programa, cuyo objetivo es la rehabilitación, reconstrucción, mantenimiento, mejoramiento e innovación de sus áreas y bienes de uso común.
Entre los edificios prioritarios también están las unidades habitacionales históricas, conformadas por 207 conjuntos que concentran alrededor de 42 mil viviendas.
Ruiz Anchondo acusó que el programa Ripuh fue “clientelizado” por administraciones pasadas de la dependencia, por lo que como parte de la política del nuevo gobierno capitalino, encabezado por Claudia Sheinbaum, éste será recuperado y destinado a inmuebles que realmente lo necesiten.
La procuradora informó que el proyecto cuenta con un presupuesto de 240 millones de pesos, mismos que se distribuirán en unidades habitacionales que tengan una antigüedad de 20 años en adelante, así como que hayan sido construidas por organismos públicos y sociales de vivienda federales o locales.
Parte de los rubros para acreditarse en el programa, informó, es que la unidad haya sido construida para efectos de regeneración urbana o de reconstrucción por desastres naturales, no haber sido beneficiada por tres ejercicios consecutivos y que no esté en un proceso jurídico administrativo por incumplimiento en anteriores ejercicios ante la Procuraduría Social.
El formato para ingresar al ejercicio de 2019, se puede obtener a través de un micro sitio ubicado en la página oficial de la dependencia https://www.prosoc.cdmx.gob.mx/, en el que se puede verificar las características y presentación del proyecto.
En total, el programa busca beneficiar a una población de alrededor de 300 mil habitantes, mismos que a través de asambleas vecinales, con la presencia de autoridades de la Procuraduría Social, decidirán en qué se destinarán los recursos otorgados a cada condominio.
LEG