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En México,  bajo el amparo de la no represión, prevalece la impunidad que ha generado pérdidas millonarias por secuestro a trenes, ataques a policías sin detenidos y  rapiña a la vista de las autoridades.
Ya sea por inexperiencia o negligencia, el nuevo régimen está dejando mucho que desear en la aplicación del Estado de derecho, que no se debe confundir con la represión.
En total impunidad, los que se dicen “maestros” de la Coordinadora Nacional de Trabajadores  de la  Educación, secuestraron por 18 días, las vías de tren en Michoacán, lo que mantuvo ocho mil 200 contenedores varados con un millón 200 mil toneladas de mercancía.
Esta situación generó pérdidas por 18 mil 500 millones de pesos, recursos con los que se podría cubrir el rubro completo de cultura para este año y recuperar el presupuesto que le quitaron a las estancias infantiles, a los pueblos mágicos y a la promoción turística.
¿Pues no que al margen de la ley, nada; y por encima de la ley, nadie? Entonces porqué no se aplicó la ley para quitar a los trabajadores de la CNTE por el bloqueo a las vías federales de comunicación.
O porqué los policías federales no intervienen cuando un tráiler es saqueado por el pueblo bueno, cada vez que tienen un accidente. O bien, porqué los policías tienen que salir huyendo de una turba cuando pretendían detener a delincuentes.
Lo que parece que no ha quedado claro a los nuevos servidores públicos, es que la ley está para cumplirse y tiene que  aplicarse por igual aunque sean aliados electorales  sin miedo a los costos políticos.
Y en pregunta sin ofensa:
¿Quién de la terna enviada por el Presidente para ministra de la Corte podrá ser imparcial:  una ex candidata de Morena, la esposa de su ex secretario, o la esposa del constructor Riobóo?