Foto: Cuartoscuro / Archivo La petición responde a las demandas sociales ante la crisis de seguridad pública  

La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México solicitó a la Cámara de Diputados incluya entre los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa al feminicidio, abuso o violencia sexual contra menores y delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometidas por particulares.

 

 

Desde tribuna, la diputada Paula Soto Maldonado, de Morena, consideró que los mecanismos sociales para resolver este problema deben ser sensibles frente al hecho de que el odio es origen del delito, “este desprecio proyectado hacia nosotras y que causa la muerte de mujeres por hombres”.

 

 

Señaló que “nuestra protección exige valentía frente a la violencia, y no sólo buenas intenciones”, y dejo en claro que no considerar el feminicidio como delito grave, “es un paso más hacia el pantano en el que estamos sumergidas”.

 

 

La legisladora hizo énfasis en la figura de Diana Russell, una activista y escritora feminista que ha dedicado su vida a luchar contra la violencia de género, una de las creadoras del concepto de “feminicidio”.

 

 

Recordó que el publicar su libro “La política de la violación” en 1975, la obra desafió el sentido común al plantear que la violación, lejos de una desviación conductual, es una consecuencia predecible de un mecanismo social de opresión conocido como masculinidad.

 

 

Indicó que en la sociedad no se viola por inclinaciones extrañas de ciertas personas enfermas, “sino que en nuestra sociedad nos violan y matan porque se nos ve todavía con odio”.

 

 

Refirió que gracias a Russell “hoy podemos nombrar mejor a nuestros males, a nuestros dolores y su idea de feminicidio nos permite señalar con la fuerza de una sola palabra a un mal que nos aqueja por ser quienes somos”.

 

 

A la propuesta se sumaron las diputadas María Guadalupe Aguilar Solache, de Morena, y Jannete Elizabeth Guerrero Maya, del Partido del Trabajo (PT).

 

 

En el punto de acuerdo se menciona que un informe de Small Arms Sorvey de 2016, registró a México como el país de América Latina con la tasa más alta de feminicidios, con 49 mujeres asesinadas por semana.

 

 

Resalta que según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2018 dos mujeres fueron víctimas de feminicidio diariamente en México. Además, hubo en total 834 feminicidios en todo el país, es decir, 13 por ciento más que en 2017.

 

 

El pasado 6 de diciembre de 2018, el Senado de la República aprobó en lo general modificar el Artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para ampliar el catálogo de delitos a los que el Ministerio Público podrá solicitar la prisión preventiva oficiosa, cuando otras medidas cautelares no garanticen la presencia del imputado en el juicio.

 

 

Se precisó que la reforma busca ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa; aquellos delitos en los que no se tiene que argumentar ni comprobar que existe un riesgo o peligro que amerita semejante medida.

 

 

La reforma incluyó abuso o violencia sexual contra menores; feminicidios; uso de programas sociales con fines electorales; robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades; delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares y delitos en materia de armas de fuego y explosivos.

 

 

El punto de acuerdo indica que la inclusión de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa responde a las demandas sociales ante la crisis de seguridad pública y el aumento de los índices de delincuencia que incrementan año con año.

 

 

jhs