La primera impresión es que no va a alcanzar el dinero para arreglar a billetazos todos los conflictos sociales y hasta la criminalidad, como aparentemente lo pretende el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Pero, aun si hubiera dinero suficiente para pagar todos los excesos de los manifestantes y para canjear recursos por abstinencia criminal, queda claro que nunca estarán satisfechos.

El Jefe del Ejecutivo tiene la muy buena intención de provocar una renovación moral a través del buen ejemplo. Como él no es corrupto, nadie debe serlo. Como ya inició la cuarta transformación, toda la sociedad debe reencauzar su conducta hacia hacer el bien y procurar al prójimo.

Buscar que el pueblo se vuelva bueno por un resultado electoral se inscribe dentro del pensamiento mágico. Esto puede funcionar para una religión, pero no para un Gobierno.

La ausencia de la fuerza del Estado en estos dos meses de Gobierno puede provocar que esas almas rebeldes que no quieren la redención encuentren las oportunidades para ganar más terreno y continuar con un camino hacia un estado fallido.

El programa puesto en marcha por el Presidente, llamado Plan de Desarrollo y Bienestar, que daría hasta ocho mil pesos por familia en las comunidades donde pasan los ductos de Pemex, “para que la gente no se vea obligada a huachicolear”, es un incentivo muy perverso ante la obligación de cualquier ciudadano de cumplir con la ley.

Lo que sucede ahora mismo en Michoacán es uno de los ejemplos más onerosos de lo que implica renunciar al derecho legítimo del uso de la fuerza para hacer cumplir la ley.

Desde la campaña se tuvo la idea que la simple oferta de aniquilar la reforma educativa sería suficiente para meter en cintura y conseguir la gracia de los grupos más beligerantes el magisterio.

Error. Organizaciones como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) no buscan simpatía para su causa; quieren conseguir cada día más prebendas, y la reforma educativa era simplemente un estorbo para sus chantajes.

Eso de bloquear, manifestarse, violentarse a cambio de conseguir recursos no es algo nuevo. Ha sido el modus operandi de muchas organizaciones durante mucho tiempo. Sólo que ahora la CNTE no únicamente ha conseguido, a través de cometer el delito de bloquear el libre paso de los trenes, miles de millones de pesos en prebendas, sino que además no desiste de sus bloqueos.

Parece que ya le tomaron la medida al nuevo Gobierno y entienden que el uso de la fuerza no es opción para esta administración.

De paso, estos integrantes de la CNTE (difícil llamarles profesores) han puesto en duda la autonomía de una fiscalía que ya debió haber tomado acciones en contra de este bloqueo que ha dejado pérdidas por más de 10 mil millones de pesos.

Es un riesgo enorme que los grupos que se sientan afines al actual Gobierno le tomen la medida y lo presionen de esta manera. Los grupos ajenos a la 4T que busquen algo por la vía de la presión, seguro recibirán la ley a secas.

Pero organizaciones como la CNTE pueden poner en peligro la gobernabilidad.

LEG