Foto: 24 Horas Puebla Del Mercado alentó a que se realice un estudio profundo de las implicaciones que tendrían los cambios a dicho artículo de la Constitución  

La consejera de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), Patricia Vázquez del Mercado, destacó la importancia de que las autoridades educativas estatales participen en la discusión de la iniciativa de reforma educativa presentada por el Ejecutivo federal.

 

 

Lo anterior, dijo, permitirá contar con voces que hagan posible llevar a cabo un análisis serio y profundo; al tiempo que subrayó también la necesidad de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) asuma que las acciones para reformar el Artículo Tercero constitucional no deben basarse en una decisión política.

 

 

Por esa razón, conminó a que se realice un estudio profundo de las implicaciones que tendrían los cambios a dicho artículo de la Constitución.

 

 

En el seminario Los Retos para la Calidad y/o Excelencia Educativa, organizado por la Universidad de Guadalajara, Patricia Vázquez dijo que el INEE se ha dado a la tarea de informar a los legisladores sobre las actividades que realiza, sus aportaciones y cómo lo hace.

 

 

En su oportunidad, Sylvia Schmelkes del Valle, también consejera del INEE, resaltó que la experiencia nacional e internacional señala que ser juez y parte en los procesos de evaluación produce errores y evaluaciones “a modo”.

 

 

Consideró que la evaluación debe estar fuera de las funciones de autoridades educativas federales y estatales para garantizar que la calidad y la equidad educativa se cumplan a partir de medidas objetivas y argumentos sólidos.

 

 

Evitar que la evaluación educativa sea realizada por un órgano constitucional autónomo rompe el sistema de contrapesos, y va contra la calidad y equidad educativa, el interés superior de la niñez y contra el derecho de garantizar una educación de calidad para todos, opinó.

 

 

Puntualizó que los concursos han permitido que sean los mejores maestros quienes están frente a grupo, por lo que extinguirlos se desconocería el avance logrado contra la corrupción en el manejo y asignación de plazas magisteriales.

 

 

 

 

jhs