Marcan las aplicaciones interactivas de tráfico que, más o menos, el trayecto entre la torre de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Palacio Legislativo de San Lázaro deberá llevar 35 minutos; recomiendan Calzada de Tlalpan o, bien, una hora 20 minutos en transporte público.

Como sea, pero más vale que los cabilderos de la Máxima Casa de Estudios estén ya formados afuera de las oficinas de Morena y de la comisión de presupuesto para defender los recursos que les recortaron en el paquete económico que presentó la Secretaría de Hacienda.

Seguro que tendrán que hacer una larga fila, porque ahí estarán los representantes de otras entidades, como el Instituto Politécnico Nacional, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para los que promueven la vivienda, las empresas pequeñas y hasta la transparencia.

Hay que decir que la primera obligación del Gobierno federal se cumplió con la presentación de un paquete económico que en el papel se ve como equilibrado. Claro que parte de muchas estimaciones optimistas macroeconómicas y de recaudación. Aunque es un buen inicio.

Pero en la reasignación de los recursos a gastar, los recortes a la UNAM se han vuelto emblemáticos, afortunadamente porque la propia universidad se apresuró a hacer del conocimiento de la opinión pública que venía un tijeretazo terrible de casi mil millones de pesos a su presupuesto.

No es una apreciación correcta justificar que como se van a construir supuestamente cien universidades y como habrá becas para jóvenes, estudien o no, entonces no se afecta “la educación superior”.

La UNAM y el resto de las instituciones públicas no son proyectos, sino instituciones en pleno funcionamiento, y en el caso de la Máxima Casa de Estudios, siempre ha batallado para mantener servicios de calidad con recursos escasos ante la imposibilidad de cobrar cuotas a miles de estudiantes que estarían en la posibilidad y la disponibilidad de aportar a su universidad.

Ojalá no sea el caso de que la incómoda autonomía se vulnere con un golpe a la cartera, pero por lo pronto si las autoridades universitarias no logran modificar en las dos semanas que le quedan al año sus ingresos, tendrán que hacer recortes al gasto, y eso no va a gustar a la comunidad universitaria.

Es hasta cierto punto normal que un nuevo Gobierno tenga sus propias prioridades, y así lo plasme en su iniciativa presupuestal. Claro que en este caso hay algunas decisiones más radicales, como este recorte a las instituciones de educación superior.

Pero también debe ser normal que los diputados concilien este tipo de inquietudes con reasignaciones presupuestales.

Eso sería el comportamiento normal de un Congreso que goza de la autonomía de un poder de la Unión.

Lo que sigue es ver si se atreve la mayoría afín al presidente López Obrador a hacer los cambios necesarios al paquete económico en aquellos rubros donde efectivamente se pueda cometer una barbaridad presupuestal.