Jorge L. Velázquez Roa
@JorLuVR

Las nuevas autoridades hacendarias del país hicieron entrega el día de ayer del paquete económico para 2019. Conscientes de la importancia que el mismo revestía –por las señales que enviaría sobre la política económica del nuevo Gobierno– una primera lectura sugiere que presentaron una propuesta responsable (superávit primario equivalente a 1% del PIB) y con un importante énfasis en el gasto social para cumplir con las promesas de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador. Si bien ello abona a la tranquilidad de los mercados, existen todavía muchas incógnitas que tendrán que irse despejando poco a poco.

En primer lugar, habrá que entender con mayor detalle las implicaciones del paquete económico, ya que, por ejemplo, algunas de las variables y proyecciones utilizadas (tipo de cambio, inflación y crecimiento) parecen optimistas dadas las circunstancias actuales; choques internos y externos pueden fácilmente alterarlas. En términos de crecimiento es difícil estimar el efecto que tendrá el mayor gasto social en el consumo y si el mismo podrá dinamizar este componente del PIB. De la misma forma, no resulta claro si una mayor inversión pública podrá compensar el menor dinamismo en la inversión privada. De hecho, las previsiones de crecimiento para el próximo año se han venido revisando a la baja tanto por el Banco de México como por diferentes organismos nacionales e internacionales.

En una segunda instancia persiste el riesgo latente de la recompra de los bonos del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, ya que en tanto no se concluya la renegociación habrá incertidumbre financiera: difícilmente los tenedores de bonos aceptarán una oferta que no les deje un buen rendimiento, como ya hemos podido comprobar, ya que de lo contrario podrían demandar al Gobierno mexicano, el cual se vería obligado –en caso de perder una demanda en las cortes de Nueva York– a pagar un alto costo, que por lo demás afectaría la reputación del país a escala internacional y, por ende, minaría la confianza de los inversionistas.

Adicionalmente, habrá que ver en los hechos cómo se ejerce el presupuesto público porque una cosa es la asignación de recursos y otra, el ejercicio de los mismos, como las cuentas públicas (revisiones del ejercicio del gasto) nos hacen ver año tras año. Desviaciones importantes respecto a lo presupuestado pueden alterar la percepción de los mercados respecto al Gobierno y su compromiso por mantener finanzas públicas sanas. Finalmente, otro elemento que habrá de incidir en la confianza de los inversionistas tiene que ver con las demás políticas que implementará el Gobierno, en particular aquellas vinculadas con la economía. Por ejemplo, todavía hay incertidumbre en relación con las políticas del sector energético (cancelación de las nuevas rondas de licitación), así como el enfoque que habrá de adoptar la nueva administración ante ciertos reguladores y organismos autónomos, como la Comisión Federal de Competencia Económica, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el Instituto Federal de Telecomunicaciones o el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Eliminar la incertidumbre sobre el rumbo económico del país y generar confianza entre los inversionistas –condiciones sine qua non para el crecimiento y el desarrollo– requerirá de más que un presupuesto equilibrado. Las nuevas autoridades deberán ser cautelosas con las señales que mandan a los mercados, así como en la implementación de las diferentes políticas públicas.

Jorge L Velazquez Roa

Consultor internacional en materia económica, política y de políticas públicas con más de 20 años de experiencia en temas regulatorios, de competencia, comercio, finanzas públicas y buen gobierno....