El plan nacional de seguridad de Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, contempla la amnistía para miembros de la delincuencia organizada, detalló el próximo secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, durante la presentación de éste, realizada en un hotel de la Ciudad de México.

“Resulta imperativo hacer un alto para considerar y debatir la necesidad de emprender un proceso de pacificación de las organizaciones delictivas y de adoptar modelos de justicia transicional que garanticen los derechos de las víctimas, esto es de leyes especiales para poner fin a las confrontaciones armadas y posibilitar el desarme y la entrada de los infractores, garantizando sus derechos y ofreciéndoles reducciones de penas e incluso amnistías condicionadas al perdón de personas y colectividades que hayan sido afectadas, y proponiéndoles un cambio de vida”.

Prevén legalizar drogas

Además, se buscará la legalización de estupefacientes.
“Aun cuando esta medida no sería suficiente por sí misma, y no resolvería la existencia te organizaciones fuertemente armadas, la regulación de algunos estupefacientes actualmente prohibidos permitiría poner fin a uno de los motores centrales de la violencia, la inseguridad y el quebrantamiento del Estado de Derecho”, acotó el próximo funcionario.

 

Crearán 266 regiones

Para la atención en campo de la inseguridad, se dividirá el territorio nacional en regiones, para el próximo año se crearían 150, para el 2020 200 y en 2021 se llegaría a 266, fecha en la que se integrarían 50 mil jóvenes a la nueva corporación denominada guardia nacional, la cual estará conformada por policías federales y elementos castrenses.
De acuerdo con el próximo secretario, se buscará que los salarios entre policías, jueces y ministerios públicos no tengan una diferencia abismal.

La no atención de recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y las comisiones estatales, será considerada como delito.

El proyecto también contempla el combate a conflictos de interés, la prohibición de adjudicaciones directas y la investigación y clausura de empresas fantasmas, así como la obligatoriedad de las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses de los servidores públicos, dado que la corrupción está asociada a la delincuencia.