Keiko Fujimori, principal líder opositora en Perú, volvió hoy a acudir a la audiencia judicial en la que se evalúa un pedido de prisión preventiva por 36 meses contra ella y otras diez personas de su círculo cercano para “escuchar todas las mentiras que sigue diciendo el fiscal”.
A pesar de que los cargos contra ella por un presunto lavado de activos ya fueron tratados durante los dos primeros días de audiencia, Fujimori aseguró a su llegada la Sala Penal Nacional que seguirá asistiendo a las sesiones a pesar de que no esté obligada a ello.
“No tengo la obligación de asistir, pero para mí es importante escuchar todas las mentiras que sigue diciendo el fiscal e ir aclarándolas cada una ante los medios de comunicación”, comentó Fujimori, acompañada de su marido, Marik Vito de Villanella.
La presidenta del partido fujimorista Fuerza Popular solicitó “que se escuche todos los argumentos de cada una de las personas” como el juez hizo con ella durante las largas sesiones celebradas el miércoles y el jueces.
Según Fujimori, en las intervenciones de ella y su abogada se ha demostrado que tiene arraigo laboral y domiciliario y que no hay peligro de fuga ni obstrucción al proceso, las cuatro premisas que pueden ser tenidas en cuenta para decretar la prisión preventiva.
La hija del ex presidente peruano Alberto Fujimori afirmó que el congresista de su partido Rolando Reátegui que la delató ante el fiscal al acogerse a la colaboración eficaz (delación premiada) “ha dicho muchísimas mentiras”.
“En cada audiencia se está desbaratando cada una de estas mentiras. Lo que llama más la atención es que los dichos del testigo protegido no han sido corroborados”, advirtió.
Fujimori indicó que respetar la presunción de inocencia y el debido proceso es “lo único” que le pide al juez Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional, quien debe decidir si ella y los otros diez investigación pasan a prisión preventiva.
El pedido de prisión preventiva fue solicitado por el fiscal contra el lavado de activos José Domingo Pérez, quien investiga a la cúpula de Fuerza Popular por presuntamente formar una organización criminal que blanqueó dinero en la financiación irregular de la campaña de Fujimori para las elecciones presidenciales de 2011.
Fuerza Popular ocultó presuntamente grandes cantidades de dinero de posible origen ilícito con una contabilidad ficticia en la que se simularon múltiples donaciones de personas particulares.
Entre el dinero ocultado puede estar el millón de dólares que la constructora brasileña Odebrecht afirmó haber entregado a la campaña de Fujimori en sendas partidas de 500 mil dólares que tuvieron como receptores a los ex ministros fujimoristas Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, también incluidos en el pedido de prisión preventiva.
Otros implicados son Pier Figari y Ana Herz, los dos asesores más próximos de Keiko Fujimori, y el empresario Vicente Silva Checa, quien ya estuvo condenado en cárcel por ser un operador de Vladimiro Montesinos, cabecilla de la gigantesca res de corrupción que capturó el aparato estatal durante el régimen de Alberto Fujimori.
TFA