Ayer se presentaron las dos preguntas que se harán en la consulta pública sobre el destino del nuevo aeropuerto.

Aunque parece que las respuestas están inducidas, el hecho más significativo es la validez de una consulta que no se apega a lo que marca la Constitución y que, por lo tanto, según especialistas en derecho, sus resultados podrían ser impugnados por la vía jurídica.

La ley es muy clara al respecto: la consulta, para ser vinculante –es decir, para que sus resultados tengan validez jurídica-, debe ser convocada por el Congreso, 33% de los legisladores federales de cualquier Cámara o 2% de la población del listado nominal del INE.

Debe ser abierta a todo el país, y no sólo a los 538 municipios anunciados por el vocero de López Obrador, Jesús Ramírez.

¿En los dos mil municipios restantes no reside el pueblo bueno y avispado que conoce de aeropuertos?
La consulta debe ser organizada por el INE, el cual dará validez a los resultados y los publicará; no una organización presuntamente ciudadana, como es el caso de Fundación Rosenblueth, escogida –no sabemos si contratada- por el tabasqueño para que avale su sondeo.
Es decir, la consulta del último fin de semana de este mes también podría considerarse “patito”, pues en ningún momento se apega a lo que marca la Constitución en su artículo 35.

¿En calidad de qué AMLO convoca a este ejercicio de opinión parcial?
Es el Presidente electo, pero no ha asumido el poder; ni sus presuntos secretarios son todavía autoridad.
Aun así, la consulta se realizará a un costo que parece irrisorio (1.5 millones de pesos) para la cantidad de ciudadanos que se requiere movilizar.
Lo ideal sería que como futuro Jefe del Ejecutivo y con toda la información que tiene a su disposición, López Obrador decidiera, en su papel, la suerte del nuevo aeropuerto.
Lo demás es show para justificar una promesa de campaña.

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Por cierto, Jesús Ramírez le debió avisar, por lo menos, a Porfirio Muñoz Ledo que lo iba a embarcar en la aventura.
El futuro vocero presidencial dijo que los 1.5 millones de pesos que se requieren para la consulta serían aportados por los diputados de Morena.
Horas más tarde, Muñoz Ledo dijo que no era cierto, que ellos no recibían órdenes de nadie y que los diputados ni enterados estaban.
Les digo.

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Si tiene tiempo y puede darse una vuelta por la Cámara de Diputados hoy, hágalo.
Se anticipa una sesión acalorada con harta discusión y pedradas, pues comparece la secretaria de la Sedatu, Rosario Robles Berlanga, acusada de hacerse de la vista gorda en la trama llamada la Estafa Maestra, que permitió el desvío de cientos de millones de pesos a través de universidades estatales que no cumplieron con los servicios supuestamente contratados.
Su ex vocero fue inhabilitado por 10 años y multado con 200 millones de pesos.
Pero hasta ahí llegó el largo brazo de la ley.
Hoy se pondrá bueno.
Parece…

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La Comisión Federal de Competencia envió una recomendación al gobernador de Tabasco, Arturo Núñez, para ver si entra en razón y devuelve a sus sumisos diputados locales las modificaciones que hicieron a la estatal Ley de Obras Públicas.
Los diputados de Morena en Tabasco se despacharon en grande como colados en fiesta de quinceañera y privilegiaron la asignación directa de contratos sobre las licitaciones.

Y eso que apenas llegaron.