El líder del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Ricardo Gallardo, exigió al próximo gobierno, que antes de hacer una consulta pública por el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), la cual no tiene ninguna validez jurídica, se hagan cosas que realmente necesita la población.
“Si Morena quisiera, habría un salario digno a partir del 1 de enero del 2019, eso es más importante que buscar y consultar ahorita al pueblo sobre el aeropuerto, porque no se tienen las bases jurídicas adecuadas para hacerlo.
“Antes de una consulta tenemos que pensar en bajar los hidrocarburos, en parar el aumento a las gasolinas, a la electricidad, es lo que está pidiendo este grupo parlamentario… hoy tenemos una mayoría de las izquierdas aquí en esta cámara, no hay pretextos para que no se lleven a cabo estas nuevas reformas”, puntualizó.
En conferencia de prensa conjunta en San Lázaro, el presidente nacional del PRD, Manuel Granados, hizo un llamado al nuevo gobierno para evitar caer en actos ilegales antes de asumir el poder, como es el caso de la consulta al NAIM.
Granados resaltó que aunque la consulta sea convocada por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, no está respetando las leyes ni las instituciones del país.
“Esta consulta es ilegal de origen: la convoca un ciudadano, aunque sea el presidente electo, porque la organiza un partido político, Morena, porque el computo lo realizara una asociación civil, y porque sólo se convoca a una parte de la ciudadanía, la que habita en 538 municipios del país, marginando a los habitantes de dos mil municipios”, dijo el líder perredista.
Resaltó que de realizarse una consulta se deben respetar cinco requisitos legales, como son: la convocatoria debe realizarla el Congreso de la Unión; la petición debe hacerla el presidente en funciones, o 33% de los legisladores federales, o el 2% de los ciudadanos del listado nominal.
Además, detalló Granados, la organización, desarrollo, vigilancia, cómputo y publicación de los resultados deben ser realizados por el Instituto Nacional Electoral; los resultados sólo pueden ser vinculantes si participa el 40% del padrón electoral, y los ciudadanos deben poder impugnar los resultados y la validez de la consulta.
Resaltó que cualquiera que sea el resultado de la consulta, si se pretende hacerlo vinculante, será anticonstitucional y emprenderán una estrategia jurídica para evitarlo.