En una reciente columna, nuestro compañero José Ureña había dado cuenta de los problemas financieros que enfrenta el PRI.

 

Pues bien, éstos se han agravado a tal punto que algunos trabajadores tienen dos quincenas sin recibir su salario, el partido está previendo el despido de otro 20% de su personal y que organizaciones como la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) tenga que dejar el edificio que renta frente al Monumento a la Revolución para mudarse a las oficinas del PRI en Insurgentes Norte porque ya no podrán pagar el alquiler.

 

Y si la crisis se agravó en el Comité Nacional, en los estados la situación es más delicada.

 

Hay comités estatales del PRI sobre los que pesan multas por violaciones a la legislación electoral de hasta 40 millones de pesos que resultan impagables en este momento.

 

Los comités estatales, que recibían financiamiento del Comité Nacional, no generan recursos propios suficientes como pagar esas multas; si acaso, apenas para sobrevivir y mantener la operación mínima requerida.

 

La situación se agrava, pues, además del financiamiento que reciben del Comité Nacional –también endeudado después del proceso electoral pasado-, las cuotas de los militantes que ocupan cargos de elección popular y que representaban un ingreso importante cayeron por los suelos.

 

Los problemas son tales que el Comité Nacional negocia la contratación de un crédito para el pago de las deudas pendientes y para los gastos fijos del próximo año en el que el partido recibirá la menor cantidad de recursos públicos desde que se instituyó esta modalidad de financiamiento.

 

¿Qué puede hacer Claudia Ruiz Massieu para sortear esta crisis?

 

Los antiguos “soldados” del PRI, como alguna vez definió un poderoso empresario de la televisión, ya no apuestan como antes al tricolor y no se ve cómo los gobernadores, quienes antes encontraban formas para respaldar a su partido, se arriesguen ahora.

 

La elección pasada dejó, si vale la expresión, al PRI al borde de la bancarrota.

 

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El Consejo Coordinador Empresarial había solicitado al Senado no aprobar el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, hasta que no se realizara una consulta entre los factores de la producción.

 

Pero los senadores de Morena se pasaron la petición por el arco del triunfo, y sin que hubiera un dictamen en la comisión respectiva –la de Trabajo, que ni siquiera se ha instalado-, ratificaron el convenio que fue firmado desde 1956.

 

Dicho convenio establece que el empleo de un trabajador no debe estar sujeto a la pertenencia o no a un sindicato –en México había una cláusula de exclusión en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 395, que facilitaba los cacicazgos sindicales, pero que fue declarado inconstitucional por la Corte el 17 de abril de 2001-, y que los trabajadores tienen derecho a decidir si quieren formar parte de un sindicato.

 

Dicho artículo también establece que no debe haber injerencia de los sindicatos en las decisiones de las empresas ni de las empresas en los sindicatos.

 

Pero, para la cultura laboral en México, lo importante es lo que establece el convenio de referencia a continuación:

 

“Se consideran actos de injerencia, en el sentido del presente artículo, principalmente, las medidas que tiendan a fomentar la constitución de organizaciones de trabajadores dominadas por un empleador o una organización de empleadores, o a sostener económicamente, o en otra forma, organizaciones de trabajadores, con objeto de colocar estas organizaciones bajo el control de un empleador o de una organización de empleadores’’.

Es decir, la prohibición de sindicatos blancos.

 

¿A poco sí?