Ayer se presentó un documento que debiera requerir la atención de legisladores, del futuro Gobierno entrante y de la población; pareciera que no es importante ni coyuntural, pero de acuerdo a los resultados presentados, debería ser junto con el tema de la seguridad, un tema primordial.

El reporte se denominó Delitos electorales, incidencia y evolución más allá de los partidos políticos; en este documento elaborado por el Observatorio Nacional Ciudadano se expone que el pasado proceso estuvo marcado por la violencia política y por la incidencia de presuntos delitos electorales.

Lo peor que pone en el escenario este estudio es el hecho de que muchos delitos electorales quedan impunes y muchos otros ilícitos ni siquiera están tipificados. De hecho, habría que recordar que hubo 152 asesinatos de políticos y el reporte detalla que logró verificar 774 agresiones a candidatos.

De acuerdo a las cifras proporcionadas por el SESNSP, hasta julio de 2018, Nuevo León, Oaxaca, Jalisco, Zacatecas y San Luis Potosí fueron los estados con mayor número de carpetas de investigación por delitos electorales en el fuero común.

Durante la presentación de este informe estuvo el fiscal de Delitos Electorales, Héctor Díaz Santana, quien reconoció que muchos ilícitos que se lograron observar en el pasado proceso no se investigan del todo al no existir la tipificación estricta de varias acciones y hechos.

Díaz Santana señaló ayer que tomará diversas propuestas del documento presentado por el Observatorio Nacional de Seguridad, entre ellos mencionó que la violencia de género, las llamadas telefónicas para acosar a la ciudadanía y las firmas apócrifas presentadas por aspirantes a candidaturas independientes deberán ser delitos que se tipifiquen y por los cuales existan sanciones penales.

Pero ojo, lo interesante de este análisis es que antes de apelar por incrementar las sanciones por estos delitos, es necesario analizar cuáles son los factores por los cuales las carpetas de investigación no alcanzan etapas más avanzadas del proceso penal.

Por lo que se requiere identificar si se debe a problemas de investigación y recopilación de pruebas o si se debe a aspectos procesales o a deficiencias del marco normativo. “De poco servirá incrementar las sanciones pecuniarias si no se subsanan los factores que permiten a los sujetos activos cometer los delitos con impunidad”.

Respecto a la violencia política cometida en contra de las mujeres por razón de género, el director del Observatorio, Francisco Rivas, advirtió que el incremento de la presencia de las mujeres en cargos de elección popular debe ir acompañado de leyes que garanticen sus libertades políticas.

En el documento también se habla de la necesidad de tener una mayor fiscalización de los recursos que llegan a las contiendas electorales y así evitar la presunción de financiamiento ilícito o de organizaciones delictivas.

La reflexión sobre este documento debe ser importante, pues a través de él se puede entender la gran necesidad de entender cómo y por qué ocurren los delitos electorales y a partir de ello encontrar soluciones previo a una apresurada reforma o legislación de delitos.

Sumado a que se debe trabajar de la mano con los ciudadanos para que reconozcan los delitos electorales y los denuncien como tal, de lo contrario no será posible fomentar la denuncia ciudadana si las instituciones no son transparentes ni permiten que los ciudadanos conozcan su trabajo.