El martes pasado por la noche, la Procuraduría General de la República (PGR) notificó de manera formal al juez de Control que lleva el caso del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, que no tenía los elementos suficientes para acusarlo del delito de delincuencia organizada.

Tras un año de investigación, el Ministerio Público federal resolvió que sobre el presunto desvío de más de 400 millones de pesos a través de empresas fantasma, sólo podía acusarlo de lavado de dinero y de asociación delictuosa.

Con este argumento, la PGR pidió al juez reclasificar el delito de delincuencia organizada por el de asociación delictuosa. Abriendo así la puerta para que en un mediano plazo pueda obtener su libertad provisional.

Es verdad que Javier Duarte no quedará libre de inmediato, pero seamos claros, el Nuevo Sistema de Justicia Penal le da los elementos necesarios para ir conformando toda una estrategia legal que le permita -antes de que termine el año- obtener su libertad provisional.

Incluso combatir por la vía del amparo los delitos por los que lo persigue el Gobierno de Veracruz y que hoy parecen ser los más sólidos. Lo lamentable es que esos delitos no son tampoco considerados como graves y, de acuerdo a la ley, podría obtener su libertad provisional.

En unas semanas, el juez de Control deberá citar a una audiencia intermedia; en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, este tipo de audiencias son clave, pues es justo la fase en la que las autoridades y acusados pueden presentar todas sus pruebas.

En este caso aún falta ver las pruebas bancarias que la PGR obtuvo a lo largo de estos años; se sabe que muchas de ellas las logró tener de manera ilícita, es decir, que esas pruebas podrían considerarse como no válidas, y con ello desecharse y así abrir más las puertas para que obtenga su libertad.

Pero de todo este asunto surgen muchas dudas; una de ellas es entender por qué la PGR nunca acusó a Javier Duarte de todas las denuncias y delitos que señaló la Auditoría Superior de la Federación.

Tan sólo en enero pasado, la ASF señaló que a más de 61 millones de pesos asciende el presunto desvío de recursos federales, perpetrado entre 2011 y 2016 por el entonces gobernador de Veracruz, Javier Duarte.

De acuerdo al informe especial de la ASF, el cual se dio a conocer en enero pasado y que es el resultado de 220 auditorías realizadas a la administración de Javier Duarte, pero que además se le entregó a la PGR. Duarte incurrió en todo tipo de prácticas para desviar recursos, desde la retención de subsidios, traslado de partidas completas, falta de comprobaciones y hasta simulación de devoluciones de dinero faltante.

El informe especial expone que producto de las 224 auditorías realizadas al uso de recursos públicos federales en Veracruz entre 2011 y 2016 se detectaron, en total, mil 741 irregularidades de distinto tipo, que involucran malos manejos superiores a los 70 mil millones de pesos.

Todo esto fue entregado a la PGR, y hoy nadie sabe qué pasó con todas estas denuncias que realizó no cualquier persona, sino la propia Auditoría Superior de la Federación. ¿Qué es lo que no nos dicen del caso de Duarte?, ¿qué se oculta y qué pasa con esos expedientes?