Elba Esther Gordillo Morales no tuvo que esperar al final del sexenio para recobrar su libertad plena.
Un juez determinó que la PGR no presentó las pruebas que acreditaran los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Desde que fue detenida, en febrero de 2013, con un expediente armado en fast track, se dijo que la ex lideresa magisterial había sido detenida por su oposición a la reforma educativa.
Que era una presa política, pues.
Independientemente de que haya dispuesto de dos mil millones de pesos de las cuotas sindicales para asuntos personales, la PGR no pudo acreditar que ese dinero haya sido de “dudosa procedencia’’, pues desde el principio quedó demostrado que eran recursos aportados por la Federación al Sindicato.
Tampoco se pudo probar el delito de delincuencia organizada, porque para tipificarlo se necesita probar que dos o más personas complotaron para cometer un delito.
En ese sentido, los funcionarios del SNTE que operaron las finanzas de la organización obedecían a organigramas y criterios establecidos en los documentos de gobiernos sindicales.
Gordillo se preparaba para anunciar un paro nacional de dos días en contra de la reforma educativa cuando fue detenida.
Sus entonces “amigos’’ Miguel Osorio Chong, Aurelio Nuño, Jesús Murillo Karam y Enrique Peña celebraron la detención como un acto de justicia.
Cinco años después quedó claro que el tema fue meramente político.
A final de cuentas, el encarcelamiento de Elba Esther fracturó lo que quedaba del PRI y fue un sacrificio inútil no sólo porque expuso a la PGR, nuevamente, a ser señalada como el brazo vengador del Ejecutivo, sino porque fuera el PRI de Los Pinos, la reforma educativa camina a su sepultura.
Parcial o totalmente, pero será disecada.
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En su discurso luego de haber recibido la constancia de Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador se comprometió a “no tratar de someter a otros Poderes’’.
¡Ah, caray! ¿Qué no es ése un mandato constitucional, la autonomía de los tres Poderes?
A lo mejor nomás le faltó agregar “no tratar de someter a otros Poderes como otros’’.
Pero bueno, el caso es que ya nos hizo el favor de adelantar que cumplirá con la Constitución.
Menos mal.
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En San Lázaro corre la versión de que el líder de cadáver que llevaba por nombre Partido Encuentro Social (PES), Hugo Eric Flores, se apersonó para conocer si había algún impedimento para que sus 58 diputados se constituyeran en fracción parlamentaria.
Según la misma versión, le habrían dicho a Flores que no había impedimento legal, por lo que fue a consultarlo con Andrés Manuel López Obrador, a quien presentó un “acuerdo’’ con el fin de que se creara la fracción del PES.
López Obrador habría dado el visto bueno, y hasta el nombre del coordinador se acordó, Fernando Manzanilla Prieto, cercano a Rafael Moreno Valle.
La versión, sin embargo, ignora que la legislación electoral impide que haya una fracción parlamentaria –con los consabidos beneficios económicos-, si no hay un partido político que los respalde.
Dicho con otras palabras, no hay manera de que el PES tenga su propia fracción por más que sus dirigentes busquen la forma de no perder los millones de pesos que tendrían si no hubieran perdido el registro nacional.