Foto: Reuters El Ministerio de Comercio del país europeo, informó mediante un comunicado que la implementación de estos impuestos, no tienen justificación jurídica alguna sobre el término de “seguridad nacional”  

Después de la demanda que México presentó ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) en contra de Estados Unidos, por la aplicación de aranceles al acero y al aluminio de 25% y 10% respectivamente, Suiza decidió tomar las mismas acciones en contra del país norteamericano.

El Ministerio de Comercio del país europeo, informó mediante un comunicado que la implementación de estos impuestos, no tienen justificación jurídica alguna sobre el término de “seguridad nacional”, tal como lo hizo México el 7 de junio pasado, cuando de manera formal, presentó la solicitud de controversias.

Cabe recordar, que diversos especialistas han dicho que México tiene grandes posibilidades de resultar favorecido ante la OMC, dado que en estos casos la organización protege a los países que se encuentran en vías de desarrollo, y como Estados Unidos no cuenta con razones jurídicas justificadas para la aplicación de aranceles, se vería beneficiado.

En este sentido, Suiza no se encuentra dentro de los estándares de países en desarrollo por la OMC, pero se hizo público que han pedido consultas a los estadounidenses sobre las medidas arancelarias, debido a que “éste es el primer paso en un desafío legal en toda regla ante el organismo de comercio mundial”.

“Estados Unidos no ha respondido a la solicitud de Suiza de exención de aranceles hasta la fecha”, destacó el comunicado y subrayó que la solicitud de consultas a la OMC se inició “para proteger los intereses de Suiza”.
Conforme a las normas de la OMC, si pasan 60 días sin que se resuelvan las consultas, la nación europea puede solicitarle al organismo que establezca un panel de disputas, lo que desencadenaría una larga y probablemente costosa batalla legal, tal cual lo hizo México en el proceso ante la organización.

En este sentido, especialistas han mencionado que la disputa puede tomar de 1 a 3 años, pero en caso de que el país demandado decida realizar alguna represalia, el proceso podría tardar poco más.