Al detenerse a mirar en cualquier crucero puede verse cómo los mexicanos nos hemos acostumbrado a violar la ley y a hacer la vista gorda cuando vemos a alguien quebrándola. 

En cualquier esquina es posible ver a mexicanos cometiendo infracciones: uno se pasa el alto, otro invade la vía publica y el otro más le roba la bolsa a una señora y… nadie lo persigue.

No es de extrañar entonces que la violencia criminal con toda su crudeza haya llegado a la Ciudad de México, que hoy es uno más de los territorios que se disputan los cárteles de la droga que desde ya hace meses han protagonizado en la zona de Tepito.

Al parecer, se trata de una lucha encarnizada entre la conocida Unión de Tepito y el Cártel Jalisco Nueva Generación, que ha sembrado de cadáveres del Barrio Bravo y las delegaciones Tláhuac, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero.

Éste, sin duda, es el resultado de las deficiencias en la coordinación entre las autoridades locales y federales en contra de la impunidad que ha provocado la tolerancia con el contrabando y el comercio informal que históricamente se han permitido en Tepito, zona de la capital del país a la que prácticamente no pueden acceder más autoridades sin el visto bueno de los liderazgos territoriales de los comerciantes del barrio, que son los responsables precisamente del contrabando, el narcotráfico, la venta de armas y el ambulantaje, los cuales están perfectamente identificados y con quienes las autoridades establecen interlocución y relaciones de complicidad y corrupción. 

Esto en la Ciudad de México en lo que se refiere a los delitos de alto impacto, pero todo comienza con la inclinación de los mexicanos a no cumplir la ley, a buscar que se aplique en otros y a no respetarla cada uno de nosotros, así como a la permanente ineficacia, complicidad y corrupción de cuerpos de seguridad, funcionarios y jueces que se replica en todos y cada uno de los estados del país. 

Así que la prioridad número uno del próximo gobierno que resulte electo el domingo 1 de julio será dar seguridad a los mexicanos frente a los grupos criminales que contaminan y retan a los tres niveles de gobierno.