Ahora resulta que, según el presidente del INE, la facultad de pensar está emparentada con un delito electoral. Es decir, si alguien llama a los sufragantes a “pensar su voto”, podría incurrir en una falta.

Todos saben que el pensamiento es una facultad inherente al ser humano; facultad que hace diferentes a los humanos del resto de los seres vivos.
Por eso nadie, en su sano juicio, puede cuestionar, impedir y menos sancionar una facultad natural como la de pensar. Sin embargo, cuando un grupo de empresarios mexicanos promueven mensajes en los que llaman a “pensar el voto”, Lorenzo Córdova los reprende.

Y es que el presidente del INE comete una de las peores barbaridades de un servidor público: la de suponer que el pensamiento es igual a la libertad de expresión.

Una barbaridad como la cometida por Ernesto Zedillo el 12 de febrero de 1997, cuando -el entonces Presidente- dijo: “Afortunadamente en nuestro país, en nuestro querido país hay libertad para que cada ciudadano piense, dentro del marco de la ley, como le dé la gana”.

Nadie -sea Zedillo o sea el presidente del INE- puede exigir que un ciudadano piense dentro del marco de la ley. ¿Por qué? Porque no hay ley capaz de exigir reglamentar, prohibir o sancionar el pensamiento.

Dice Salvador Ochoa Olvera en Derecho de prensa –Editorial Monte Alto, pág. 4–: “El pensamiento, en abstracto, no tiene esfera de aplicación jurídica… No es lo mismo la represión a manifestar ideas, conceptos, críticas u opiniones al mundo exterior, que la vulneración del ejercicio mental de concebir ideas”.

Pero también es cierto que el pensamiento y la libertad de expresión son indisolubles; el primero -el pensamiento- no existe sin la segunda, la libertad de expresar lo que se piensa.

Y vale el tema porque sean árbitros electorales, candidatos y líderes de partidos, todos se escandalizan por la campaña de “voto razonado” -empujada por empresarios preocupados por un potencial viraje populista- como si fuera un pecado pensar el sufragio; razonar la decisión de contratar a un nuevo Presidente.

Lo cierto es que -les guste o no a los árbitros electorales, a la “legión de idiotas” de redes digitales, a candidatos y líderes de partidos- los empresarios no sólo tienen el derecho, sino la obligación –igual que todos los ciudadanos y potenciales electores- de llamar “a pensar el voto”, a ejercitar la razón, antes que el corazón, al momento de votar.

Y es que sólo la sociedad civil, los habitantes –los organizados y los de a pie- le pueden dar el verdadero valor ciudadano al voto –el voto de la razón- frente al engaño, el chantaje, la mentira y las promesas sin freno de candidatos y partidos.

Sólo el voto razonado puede despojar del fanatismo al acto supremo de la democracia: la elección. Sólo si se piensa el sufragio, los ciudadanos podrán dar a partidos y políticos la lección que se merecen.

¡Curioso que el árbitro electoral crea que es pecado pensar el voto!

Al tiempo.