Ernesto Sánchez, presidente de la Comisión de Transparencia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), principal promotor del Sistema Local Anticorrupción (SLA), afirmó que éste es perfectible; sin embargo, dijo que sólo se aceptarán cambios por parte del Ejecutivo si se acredita que hay contenido anticonstitucional (que vulnere los derechos humanos).
Después de que el consejero Jurídico de la CDMX, Manuel Granados, revelara a este diario que se realizarían observaciones al SLA para que no se contraponga con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, afirmó que la ALDF cumplió con incluir aspectos que debía contener el paquete local.
No obstante, afirmó que el Sistema Nacional Anticorrupción es un parámetro para que los congresos locales hagan su propia armonización e innovación en sus leyes locales, es decir, que no debe ser una calca del sistema federal.
“Una ley que va contra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sería cuando viola los derechos humanos de la ciudad, cosa que no se da. En este caso no está violentada la Constitución porque tenemos toda la facultad para legislar en materia anticorrupción, en materia de responsabilidades”, afirmó.
Detalló que a pesar de estar convencido de que la Ley es perfectible, no se puede definir en qué puntos de la misma se puede mejorar, porque no se ha aplicado. Por ello, propuso que se deje operar al sistema local y posteriormente se genere la confianza de la ciudadanía en los nuevos preceptos.
Y bajo el mismo argumento, expresó que tampoco se identificó alguna deficiencia que deba cambiarse.
Respecto a lo comentado por especialistas en torno a que el congreso local tendrá demasiada injerencia en la organización del sistema, aclaró que en las decisiones también se incluye el voto de la sociedad civil, así como de los académicos.
El panista mencionó que están a la espera de recibir las observaciones para nuevamente discutirlas en comisiones unidas, con el objetivo de que el Sistema Anticorrupción local esté listo en 2017.
caem