El diputado local del PAN, Enrique Flores Flores, grabado pidiendo un moche de cuatro millones de pesos a un alcalde, renunció a la coordinación de su bancada en el Congreso de San Luis Potosí y a la presidencia de la Junta de Coordinación Política.
Perooo… no solicitó licencia para separarse de la diputación, lo que hubiera sido lo correcto, por lo que seguirá manteniendo el fuero.
Flores Flores fue grabado por un presidente municipal al que solicitó 10% de los 40 millones de pesos que la Auditoría Superior del Estado le había observado al edil.
El diputado panista involucró en la trama de extorsión a otros diputados y al personal de la propia Auditoría, quienes, dijo, le pedían ese dinero para dejarle limpio el expediente.
Flores ofreció una conferencia para anunciar su renuncia a los cargos dentro del Congreso de San Luis, pero no a la diputación; no aceptó preguntas.
En tanto que otro de los involucrados en esta trama, el verde Manuel Barrera Guillén, presidente de la Mesa Directiva, se deslindó de los dichos de su compañero y se mostró “extrañado’’ de que su nombre se haya involucrado en el plan para extorsionar alcaldes.
Pero mientras son peras o son manzanas, el caso ha servido para que la sociedad potosina ventile el grado de inconformidad que subsiste al ver cómo su clase política se reparte cargos y recursos.
Barrera, por ejemplo, tiene un hermano, Fernando Barrera Guillén, trabajando en la propia Auditoría Superior del Estado y su esposa, Ivette Salazar, es nada más y nada menos que la secretaria de Ecología y Gestión Ambiental del Gobierno del estado.
Entre ambos se turnan la diputación local y la Secretaría de Ecología o la delegación de la Semarnat.
Y nadie dice nada.
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El Gobierno de la Ciudad de México suspendió dos días los trabajos de la Línea 7 del Metrobús, a la espera de que el juez explique, mediante un recurso de revisión, los alcances del amparo concedido a una organización ciudadana para detener la obra.
Ya el consejero jurídico del Gobierno de la Ciudad, Manuel Granados, exhibió los vistos buenos del INBA y el INAH para la construcción de los carriles confinados por los que circulará –si lo deja el juez-, el Metrobús por Paseo de la Reforma.
La detención de la obra se hizo para no incurrir en desacato, no vaya a ser que el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, repita el juicio de desafuero que en su momento enfrentó Andrés Manuel López Obrador y que, contradictoriamente, le dio el impulso necesario para disputar la Presidencia del país en 2006.
Mmm… no empiecen con sus teorías del complot.
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Los partidarios de la segunda vuelta electoral tendrán que esperar hasta que pase la elección presidencial para presentar sus iniciativas; el tiempo no da para la discusión.
El proceso electoral de 2018 inicia oficialmente el primer día de septiembre, por lo que, de acuerdo a la ley, cualquier modificación constitucional en materia electoral debió aprobarse el primer día de junio.
Ya se fue, ya no da.
Lo que sigue son los gobiernos de coalición, si se ponen de acuerdo los partidos.