En el marco de las detenciones de los ex gobernadores de Tamaulipas, Tomás Yarrington y de Veracruz, Javier Duarte, así como del atorón en el nombramiento del fiscal anticorrupción, el procurador general de la República, Raúl Cervantes, emitió un acuerdo por el cual le otorga autonomía técnica y operativa a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción.
El documento ordena a las fiscalías especializadas y subprocuradurías entregar todas las carpetas de investigación que tengan sobre delitos de corrupción al fiscal anticorrupción, una vez que éste sea electo y entre en funciones.
Dicho acuerdo, que entrará en vigor a partir de la designación del fiscal anticorrupción, da un plazo de 90 días a las fiscalías especiales y especializadas y demás unidades administrativas para que, en conjunto con la fiscalía anticorrupción, elaboren una base de datos y se determine el trámite y destino de los expedientes correspondientes a delitos de corrupción.
También establece que el fiscal anticorrupción podrá disponer de los recursos humanos, materiales y financieros que requiera, y podrá solicitar a los tres órdenes de gobierno, la información necesaria para sus investigaciones, “la que por ningún motivo le podrá ser negada, incluso anteponiendo el secreto bancario, fiduciario, industrial, fiscal, bursátil o postal”.
EL ACUERDO NO ALCANZA
Sin embargo, para los senadores de oposición, este acuerdo administrativo, publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación, no alcanza para destrabar el nombramiento del fiscal anticorrupción que está en manos de los coordinadores parlamentarios de la Cámara alta.
Al respecto, el senador del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, dijo que lo publicado por la PGR son sólo disposiciones administrativas y no soluciona temas de fondo.
En tanto, la coordinadora de la bancada del PRD, Dolores Padierna, consideró que se debe ir más allá de un acuerdo y entrar a una reforma profunda del artículo 102 constitucional para evitar el pase automático del Procurador General a Fiscal General de la República y, en consecuencia, dotar a la Fiscalía Anticorrupción de plena autonomía.
El senador del PT y ex perredista, Luis Humberto Fernández, planteó que el acuerdo puede ayudar, pero no necesariamente resuelve el tema de fondo que es cambiar el modelo actual de la Fiscalía General de la República.
Aclaró que la posición de su grupo es no detener ni obstaculizar el nombramiento del fiscal anticorrupción, porque aun limitado es necesario para la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, pero en paralelo evitar el pase automático del Procurador al Fiscal General de la República.